TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
La crisis financiera que sufre España ha convertido en clamor generalizado las voces que protestaban contra la última oleada de productos colocada por las entidades entre medianos y pequeños inversores del país: las participaciones preferentes. Si hasta ahora eran las asociaciones de consumidores y los abogados quienes lidiaban batallas individuales en los juzgados, el perjuicio añadido para las víctimas ante la nacionalización de varias entidades (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia) ha provocado al fin la reacción de instituciones y políticos. No es para menos: el cálculo del dinero que sigue atrapado en las preferentes, que se vendieron por unos 30.000 millones de euros, aún ronda 11.000 millones.
La reacción política
Fue el pasado jueves durante su comparecencia en el Senado cuando el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, reconoció que “jamás” debieron colocarse este tipo de productos entre los pequeños inversores, a la par que anunció cambios legislativos al respecto y criticó lo que entiende falta de vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al respecto. Por su parte, el portavoz del PSOE -y exministro de Trabajo- Valeriano Gómez habló directamente de “fraude” y “estafa”. Sin duda, todo un giro en la postura adoptada hasta ahora por los dos partidos mayoritarios.
La reacción jurídica
Pero más relevante aún es la decisión adoptada por la Fiscalía gallega, que espera presentar en un mes una demanda colectiva por cláusulas abusivas contra Novagalicia Banco. Según el fiscal superior de dicha comunidad autónoma, Carlos Varela, dicha demanda surge tras estudiar unos quinientos contratos de acciones preferentes, aunque el cálculo de afectados sólo en Galicia es de varios miles de ahorradores. Eso sí, Varela declaró ayer a los medios de comunicación que, si en el laudo arbitral se garantiza la devolución de los depósitos, aconseja a los interesados recurrir al arbitraje.
Consumidores y expertos
Aunque valoran la relevancia de estas novedades, los representantes de los afectados distan mucho de darse por contentos. Así, el letrado tinerfeño Carlos Gómez, todo un referente en este tipo de asuntos, discrepa de la necesidad de nuevas normas para las preferentes, ya que a su juicio “la legislación es clara y el producto es legal; el problema es cómo se ha vendido. A la gente la han engañado para que cambien los ahorros de toda la vida que tenían a plazo fijo para comprar deuda del banco”. A juicio de Gómez, “en todo caso habría que establecer sanciones para quienes han vendido una cosa diciendo que era otra”.
La potente Asociación de usuarios, Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que convocó a primeros de marzo a unas 30.000 personas en protestas por todo el país contra todo el país, también discrepa del anuncio gubernamental ya que considera que el Ejecutivo “ha empeorado la situación al suspender el pago de intereses y obligar a convertirlas en acciones”.
A este respecto, Adicae aprecia de interés la apuesta de Caja Badajoz de cambiar las preferentes por “un depósito a plazo fijo, por lo que los ahorros vuelven a un producto seguro de rentabilidad cierta”.
También Gómez recela del canje por acciones, ya que “todo lo que no suponga un dinero garantizado para los afectados mantiene la esencia del engaño”.
El abogado tinerfeño sentencia: “Las preferentes equivalen a un corralito para quienes las adquirieron, y en muchos casos afecta gravemente a gente mayor que ahorró para su vejez y hoy la viven con zozobra porque han sido engañados”.
Por qué se ha generalizado el canje
De 30.000 millones de euros a unos 11.000. La banca española ha iniciado un veloz proceso de canje de las participaciones preferentes (aunque se llamen así, no otorgan preferencia alguna sino más bien lo contrario) colocadas desde 2009 entre sus clientes. El cambio es por acciones, ordinarias o subordinadas, bonos convertibles, etc.
Desde finales de 2011, una estrategia. Fueron los grandes -Santander y BBVA- los que a finales del año pasado se lanzaron a una política de canje seguida por el resto de entidades. La última fue Banca Cívica, cuya junta de accionistas lo aprobó esta semana.
La contabilidad exigida por Europa es la clave. Las participaciones preferentes son deuda del propio banco, pero a las entidades no les computan como capital. El endurecimiento de medidas aprobado por la Autoridad Bancaria Europea, que obliga a un porcentaje mínimo de colchón (un 8% entre acciones y capital) induce a las entidades financieras a traspasar esos fondos cautivos a otros que sí les ayuden a llegar a tal porcentaje.
[apunte]
PARTICIPACIONES PREFERENTES
Son emisiones de deuda sin un plazo definido. La entidad paga una rentabilidad según sus resultados, e incluso puede no dar nada. En las épocas de bonanzas podíaser atractivo, en la actualidad…
No son acciones ordinarias, pues no tienen derecho de voto aunque sí tienen prioridad de cobro sobre los accionistas, ni depósitos con una rentabilidad fija, algo que pensaron muchos clientes al invertir en ellas.
30 mil millones de euros estaban invertidos en preferentes en mayo de 2011, aunque la política de canjes ha reducido la cifra a 11.000 millones de euros.
En caso de quiebra del banco, no están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, el cual cubre hasta 100.000 euros de los depósitos normales.
[/apunte]