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Política de medios > Francisco Pomares

La pasada semana, mientras Paulino Rivero hacía su visita real del mes (parece que le ha cogido gusto a esto de ir de palacio en palacio y tiro porque me toca), un juzgado de Las Palmas anulaba -cuatro años después de ser presentada la demanda- la adjudicación del contrato de producción de informativos de la Televisión Canaria, otra de las muy discutibles medidas de Rivero en su política de medios.

No es la primera vez que los tribunales anulan decisiones del Gobierno en materia de comunicación, cuestionando gravemente la neutralidad y limpieza de los procedimientos administrativos utilizados. Ya ocurrió con las adjudicaciones de la televisión digital, que fueron judicialmente anuladas, sin que el Gobierno haya hecho nada al respecto, ocurre ahora, con el Gobierno conminado a rehacer el concurso de informativos, y sin duda ocurrirá con las concesiones de licencias de radio, cuya viabilidad no defiende ni el propio Ejecutivo, como demuestra que la mitad socialista del Consejo decidiera ausentarse cuando se produjo la aprobación del expediente de concesión, para evitar incurrir en prevaricación.

Al margen de lo que todo esto supone de despilfarro de dineros públicos -habrá que indemnizar a las empresas damnificadas por las atrabiliarias decisiones del paulinato en materia de comunicación-, lo que demuestra la reiterada interpretación de los tribunales, es que Rivero quiere controlar los medios y ha forzado los concursos y concesiones para castigar a los periodistas más críticos. La situación viene repitiéndose desde hace cinco años: la adjudicación de la televisiones digitales se produjo -como las de las licencias de radio- justo en un periodo de interinidad provisional, entre el mandato de Adán Martín y el suyo. Esa primera adjudicación recibió una lluvia de impugnaciones, y ya fue rechazada por los tribunales, aunque el Gobierno de Rivero ha recurrido las sentencias.

Como los juicios duran una eternidad, la realidad ya se encargó de poner las cosas en su sitio, y varias embargadas por la Hacienda Pública, pendientes de ser subastadas para pagar deudas. Si Rivero quería construir un imperio mediático, la verdad es que eligió unos socios más bien poco fiables. Lo mismo que le ha pasado ahora, con la concesión de licencias de radio: tres grupos -dos aún inexistentes, el tercero sin presencia en las islas- han concentrado la mayoría de las concesiones. Y ya están negociando con los medios a los que se privó de licencias la reventa o alquiler de las concesiones, en contra de cualquier legalidad. Mientras, el gobierno hace como que mira para otro lado.