GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz
Insultos, críticas, muchos reproches y un concejal sobre el que llovieron todo tipo de acusaciones: Luis Miguel Rodríguez (PP) que se encarga las áreas de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad, y a quien la oposición en su conjunto le pidió ayer en el Pleno su dimisión por varias razones. En primer lugar, por haber sustituido “sin motivo alguno” a los ediles de Izquierda Unida Canaria (IUC), Jonás González, y la representante de Vecinos por el Puerto (VxP) Yaiza Febles del comité de Seguridad y Salud “sin haber hecho nada” y solo para “quitarle representación a los grupos de la oposición”. En su lugar, estarán dos miembros del Gobierno municipal, como son los responsables de Comercio y Concesiones Administrativas y Sanidad y Consumo; Lope Afonso y Antonia María Domínguez, respectivamente.
Rodríguez justificó su decisión en conseguir un comité “más ágil y coordinado” dado que los anteriores concejales “no tenían la disposición suficiente para acudir a las reuniones y el Gobierno municipal no podía estar a expensas de su agenda”. Sin embargo, González lo acusó de “querer tener mayoría absoluta así le es más fácil”, mientras que Febles se lo achacó a que “los empleados requirieron su dimisión y a él no le gustó”.
Pese a que el PSC-PSOE solicitó que se sustituyeran por otros dos miembros de la oposición “que tuvieran más disponibilidad” y de que el asunto quedara sobre la mesa hasta que el secretario del Ayuntamiento dictamine si el cambio se ajusta a la legalidad, el alcalde, Marcos Brito, se negó y dijo que si así fuera se procedería a realizarse.
Otro de los motivos fue que no era “un interlocutor válido ni la persona idónea para negociar con los trabajadores” al haber suspendido el acuerdo negociado por el consistorio con los representantes de los sindicatos, firmado en 1988, y que afecta a los funcionarios. Este punto, que fue aprobado ayer en el pleno, con el rechazo de VxP e IUC y la abstención del PSC-PSOE, tiene como objetivo dar comienzo a un nuevo proceso negociador y alcanzar un nuevo convenio.
En este caso, tanto González como Febles le reprocharon “no haberle comunicado este punto a los empleados. Rodríguez dijo que llevaban más de un año negociando y dos prórrogas, y aún así “no se había llegado a nada” porque los funcionarios “se cierran en banda” y “no se quieren desprender” de ningún concepto, como las 16 pagas, las ayudas farmacéuticas y a libros, “y tampoco quieren cumplir las 37 horas y media semanales”.
María Jesús Ferrer (PSOE) lo acusó de “no tener cintura política” para negociar con los empleados y opinó que “es en el fango donde mejor se mueve” el edil popular. Por último, el detonante fue el excesivo gasto de teléfono móvil del concejal por importe de 9.634 euros en 2011, a quien, además, le solicitaron que reintegre las cantidades que exceden el límite impuesto por el grupo de gobierno. Una propuesta de conjunta de la oposición que defendió el portavoz de los socialistas, Guillermo Pérez Pastor, y que fue rechazada por CC-PP. Sin embargo, a diferencia de los puntos anteriores, ningún miembro del grupo de gobierno se pronunció acerca de este asunto, ni siquiera el afectado.