Ese viejo refrán de “a río revuelto, ganancia de pescadores” viene al pelo para resumir la manifestación estudiantil que se inició pacíficamente en las escalinatas del edificio central de la Universidad lagunera y terminó como el rosario de la aurora en la sede del Rectorado. El reprobable comportamiento de una minoría -30 ó 40 personas- echó por tierra la protesta de un millar de alumnos contra los recortes educativos dispuestos por el Gobierno central, sobre todo la subida de tasas, las restricciones en materia de becas y la eliminación de algunas titulaciones. No es aceptable que un grupo de estudiantes descargue su malestar y frustración contra las instalaciones rectorales por mucha razón que conciten sus reivindicaciones. El vandalismo no cuadra en absoluto con los principios y valores del espíritu universitario, que algunos -ya se ve, por desgracia- confunden con la algarada, la revuelta y la ocupación temporal de edificios públicos, en el campus o fuera de él, que luego se abandonan como si hubiera pasado por ellos una horda de salvajes. La libertad bien entendida pasa inexorablemente por el respeto a los bienes de todos y por un comportamiento a la altura de lo que se supone debe representar cualquier joven universitario. Los destrozos causados en el Rectorado, donde además dos o tres manifestantes cubrieron sus rostros con pasamontañas para impedir que se les pusieran nombres y apellidos, no deben quedar impunes. Y junto a la condena expresa y firme por parte de las organizaciones estudiantes que convocaron la manifestación, las autoridades universitarias deberían proceder a identificar a al grupo de indeseables asaltantes para abrirles expediente académico y, sin más, expulsarlos de la universidad. Son indignos de seguir estudiando en esta institución, como son indignos del propio movimiento estudiantil, que con toda seguridad no pretendía asaltar el Rectorado, ni tampoco producir situaciones agresivas y violentas. Lamentablemente, la manifestación, legítima en sus fines pero equivocada en el destinatario, debió dirigirse a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz, nunca a la sede de la máxima autoridad universitaria. Sobre todo cuando ésta, por activa y por pasiva, ha dejado bien claro que se opone a los acuerdos sobre tasas, recortes y demás medidas que hoy por hoy ni siquiera han sido debatidos en el seno del claustro para determinar si finalmente se ponen en marcha en la parte que, por su propia autonomía, puede decidir la Universidad de La Laguna. En todo caso, el dogmatismo simplista del ruido y la pancarta no debe imponerse nunca al ejercicio de la responsabilidad y el cumplimiento del deber.