análisis >

Un congreso previsible, con una figura en alza: Antona > Leopoldo Fernández

Normalmente, los congresos de los partidos políticos o son previsibles o son rompedores. A los primeros, como el que este fin de semana celebra en Santa Cruz el Partido Popular, se llega desde una confortable situación de unidad y poder, y con los principales acuerdos y nombramientos atados y bien atados. Porque quien manda -o reúne los consensos suficientes- así lo ha decidido, y punto, que ya se sabe que eso de la democracia interna de los partidos es más un teórico imperativo constitucional que una práctica al uso. Para que se dé, en cambio, un congreso innovador es requisito indispensable la previa división interna del partido, el fraccionamiento de su dirigencia, la pérdida de poder y de credibilidad del aparato o algún acontecimiento de escándalo y repercusión mediática. Un modelo congresual de este tipo fue el que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero hasta la secretaría general socialista.

Nadie duda del poder omnímodo que ostenta José Manuel Soria en el PP de Canarias. Hace y deshace a su antojo, quita o pone a quien le interesa allí donde más le conviene, y nadie discute su liderazgo, que hoy revalidará para un quinto mandato. Tampoco duda nadie de su valía personal y profesional, ni de su vocación política y afán de servicio, lo mismo que de su capacidad para la intriga, su exceso de personalismo -de ahí algunos errores clamorosos al elegir a o desprenderse de colaboradores- y su ambición desmedida, a veces cercana a la codicia y al aplastamiento del adversario cuando se trata de ajustar cuentas con él. Pero Soria es así, con sus luces y sus sombras, su ego a veces desatado y sus grandes dotes para la organización y el trabajo. La pasión y el empecinamiento le han acarreado más de un problema durante el ejercicio de la política; pero también le han proporcionado éxitos resonantes y mayorías confortables en el Cabildo grancanario y en el Ayuntamiento de Las Palmas. No obstante, su gran reto pendiente sigue siendo Tenerife -y en especial Santa Cruz y La Laguna, quiero decir sus respectivos ayuntamientos más el Cabildo-, donde primero ATI y después CC se han fortificado electoralmente y, aunque hoy en declive, han podido mantenerse en el poder pactando con los socialistas, pese a los cantos de sirena populares dirigidos al PSC envueltos en ofertas tentadoras.

Su afán por desgastar electoralmente a los nacionalistas, y en particular al presidente Rivero, han llevado, a mi juicio, demasiado lejos a Soria en sus declaraciones y en el intento de desestabilización del Gobierno autonómico, que por supuesto ocupan legítimamente, aunque no ganaran las últimas elecciones, nacionalistas y socialistas. Lo mismito que hicieron en la anterior legislatura, hasta que los populares se fueron caprichosamente del Ejecutivo, CC y PP, pese a que el PSOE obtuvo, con López Aguilar, una mayoría minoritaria muy confortable. En democracia son los votos los que quitan u otorgan el poder, no las conspiraciones de salón o las conveniencias partidarias de ruptura.

El caso es que Soria verá hoy reafirmado su liderazgo, ahora desde su condición de ministro del Gobierno de España, un puesto del que Canarias y los canarios esperábamos mucho, quizás más de lo que el propio gobernante puede ofrecer. Pero, con buena voluntad por parte del PP -en particular del propio Soria y del presidente Rajoy- y de CC, es posible reconducir algunas situaciones y desacuerdos clamorosos entre los Gobiernos central y autonómico. No se trata de buscar culpables, porque las dos partes se han excedido en manifestaciones improcedentes -Canarias, además, en algunos improperios y en la interposición de recursos judiciales que no van a ninguna parte-; lo apropiado es hallar puntos de encuentro e interés desde los que al final se llegue a decisiones que beneficien al pueblo soberano. No por capricho o en razón de utilidades de conveniencia, sino por sentido de la justicia y por dar fiel cumplimiento a ese grado de diferenciación que la lejanía y la insularidad otorgan a las Islas. Por ejemplo, en materia de energía, turismo e industria, justamente las áreas de responsabilidad del ministro grancanario. Desde ese cómodo y mayoritario refrendo con que cuenta entre los afiliados al PP -aunque algunas minorías tinerfeñas y de las islas periféricas orientales no dirían lo mismo, o lo harían en su caso con entusiasmo fingido-, Soria ha decidido preparar su sucesión, pensando, con buen criterio, que Madrid queda bastante lejos y le ofrece, hoy por hoy, un destino que le impide atender Canarias con la entrega y dedicación necesarias. Lo cual no quiere decir que renuncie sin más a acceder algún día la Presidencia del Gobierno de Canarias. La persona elegida para ocupar la secretaría general de los populares canarios, y para sucederle más adelante, es un prometedor diputado regional palmero curtido inicialmente en el País Vasco y, sobre todo, en la universidad pública de esa comunidad en Bilbao, por la que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.

Me refiero a Asier Antona, de 35 años, casado con la también parlamentaria autonómica grancanaria Aurora del Rosario, hijo de guardia civil, que en los últimos años se ha baqueteado en diversos cargos públicos en La Palma y cuya trayectoria me recuerda mucho la de Alberto Ruiz Gallardón y su precoz vocación política. Como él, se afilió al PP (el ministro de Justicia lo haría a Alianza Popular, precedente de ese partido) a los 18 años, en su caso -y es todo un gesto político- el mismo día que asesinaron al concejal popular donostiarra Gregorio Ordóñez. Muy pronto ocupó puestos destacados en Nuevas Generaciones y en la propia organización vasca del PP, para hacerlo después en La Palma, en el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo. Todas las referencias que me llegan de Antona lo describen como un joven serio, trabajador, conciliador, riguroso, bien formado, inteligente, orador destacado, de talante liberal y reformista. Una joya, vamos, que buena falta hace, tanto en la renovación generacional de nuestra clase política como para su mejor cualificación, dada la mediocridad en la que por desgracia nos hallamos instalados.

Con este relevo, cesa en la secretaría general, tras cuatro años de ejercicio, el herreño Manuel Fernández, que ha tenido destacado protagonismo político desde la preautonomía y que goza de la plena confianza de Soria. Diputado en cinco legislaturas y ex consejero de Industria en el Gobierno autonómico, Fernández era hasta ayer mismo la voz del PP en esta provincia. Con plenos poderes orgánicos, en el partido y en el Parlamento. Con él y con Cristina Tavío, que últimamente anda de capa caída y sin iniciativa en la corporación municipal, el PP ha cosechado en esta provincia, y sobre todo en Tenerife, unos resultados sobresalientes, espectaculares. Aun así, creo que más por méritos de arrastre del partido en el ámbito nacional que por influencia canaria.

Hace muchos años que los populares carecen de implantación municipal relevante en esta provincia, al menos a la altura de lo que sería exigible a esta formación política. Y así pasa luego lo que pasa: que al ser escaso el poder municipal, el conjunto se resiente. Es la eterna batalla de los sucesivos dirigentes populares y el mayor reto que le aguarda al nuevo secretario general, junto a la recomposición de relaciones con CC…, si Soria se lo permite, que buena falta hace. Porque también desde la oposición conviene remar a favor de algunas iniciativas gubernamentales; no digo todas, pero sí aquellas que, sensatas y oportunas, benefician a Canarias y los canarios. En otro caso, y mientras siga en la oposición regional, el PP puede y debe plantear propuestas alternativas y efectuar aportaciones a la política regional. El paro, la pobreza, el REF, las reformas estatutaria y administrativa y tantos otros asuntos necesitan el compromiso de todos. Para su mejor canalización hacia el Parlamento autonómico y, en su caso, hasta el Congreso de los Diputados. Eso sería un ejercicio de responsabilidad, más allá de las legítimas discrepancias políticas y de la inexcusable tarea de control del Gobierno a que está obligado el PP. La oposición, la descalificación y la crítica por sistema no conducen a ninguna parte, como tampoco la continua confrontación con el Gobierno del Estado que practican CC y PSOE. Este XIII Congreso Regional del Partido Popular, al que asiste un millar de compromisarios, va a restructurar su comité ejecutivo, hoy con 22 secretarías poco operativas que bajarán a 10; las vicesecretarías pasan de tres a dos -desaparece incomprensiblemente la de Afiliación y participación ciudadana y permanecen las de Organización y Políticas sectoriales-, cada una con cinco coordinadores de área. Es evidente que Tenerife pierde peso de nuevo, algo que históricamente no constituye novedad, y que seguramente la reunión fortalecerá a otra figura en alza: Manuel Domínguez, el alcalde realejero y actual secretario general popular en Tenerife, quizás en detrimento de Cristina Tavío y Antonio Alarcó.

No se esperan grandes novedades en las ponencias sobre política y organización. Si acaso, el reforzamiento de la autoridad de los comités ejecutivos insulares en detrimento de los locales y su autonomía, y la aplicación, con el máximo rigor, de la llamada Carta de Compromisos, que, a modo de código ético, viene a ser un compendio de obligaciones y principios de forzoso cumplimiento para todos los afiliados -más de 41.000 en toda Canarias, casi el doble que los de CC y PSOE-, sobre todo entre los cargos públicos.

Para luchar contra la corrupción, el PP se obliga a superar los conflictos de intereses, privilegios y tratos de favor y a practicar la máxima transparencia en la declaración de bienes y actividades y el comportamiento ejemplar. Los militantes que sean imputados o acusados podrán permanecer en sus puestos, pero si se abriera juicio oral contra ellos, serán expulsados del partido. Es lo menos que se espera, y esa debe ser una línea muy recta a seguir en cualquier circunstancia.

Un partido democrático moderno, implantado en una sociedad heterogénea y con nuevos modos y sistemas comunicativos -las redes sociales no son un accidente, sino realidad viva y dinámica, cada vez más influyente-, está llamado no sólo a legitimar el sistema político imperante y a defender los intereses que representa; también debe interactuar con los ciudadanos, explicarse más y mejor sobre lo que acuerda o decide, sobre el origen de los recursos y su destino, difundir sus propuestas y programas y movilizar a la gente y recoger sus aspiraciones aglutinando los intereses sociales de todos, votantes o no de esta formación. En este sentido, el PP anda bastante huérfano y debería rectificar con urgencia, aquí como en Madrid.