No podrá decir el Gobierno de Canarias que cabildos y ayuntamientos no son solidarios y, más que eso, generosos. El desprendimiento y la largueza de estas corporaciones locales a la hora de ceder, sin contraprestación alguna, la mitad de su recaudación por la anunciada subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIG), para que el Ejecutivo de Paulino Rivero pueda hacer frente a los obligados recortes en el Presupuesto autonómico impuestos por Mariano Rajoy y su equipo, es un gesto mucho más que encomiable y digno de admiración. Supone pasar de su mera adhesión a las tribulaciones del Gabinete autonómico a comprometerse oficial y lealmente al mantenimiento de la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales de carácter regional. Estos servicios públicos habría que recortarlos drásticamente antes de verano debido a la injusta y cicatera actitud con Canarias del Gobierno central -sobre la que el presidente Rivero debería informar hoy cumplidamente a su Majestad el Rey, durante la audiencia que éste le concede en el Palacio de la Zarzuela-; pero ahora los mismos quedan garantizados, ya que las Islas podrán disponer para ese fin de una recaudación del orden de 500 millones de euros que se obtendrán por el aumento del IGIC del 5 al 7%. Cabildos y ayuntamientos ceden hasta 2015 la mitad de la subida que legalmente les corresponde por el incremento de dicho impuesto y, escalonadamente, cada año hasta 2015 inclusive, irán recobrando porcentajes para llegar en 2016 al 58% de la recaudación total prevista en el REF. El Gabinete de Rivero, que egoístamente pretendía quedarse toda la subida del impuesto, ha tenido que ceder en sus aspiraciones, y lo mismo han hecho, con acertada visión regional, las corporaciones isleñas. Es un muy buen punto de partida para que ambas partes puedan alcanzar próximamente otros acuerdos de calado, sobre todo el referido a las funciones del Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos con la esperada remodelación del marco político-administrativo de Canarias. Lo ideal sería un Gobierno, a modo de Cabildo Mayor, de mínimos -con el tamaño imprescindible para planificar, coordinar, cohesionar y dirigir la política regional- y unos cabildos y ayuntamientos de máximos, con atribuciones bien definidas y dotadas -ya se sabe, una Administración, una competencia-, lo más próximas al ciudadano. El Ejecutivo ya ha recibido buena parte de las sugerencias elaboradas al efecto por la comisión de expertos que encabeza el profesor José Luis Rivero Ceballos. ¿A qué espera para seguir las correspondientes recomendaciones y poner en marcha cuanto antes la tan cacareada reforma administrativa?