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La necesaria adaptación del turismo

TURISMO ADEJE
Imagen de archivo de un rincón turístico del municipio tinerfeño de Adeje. / DA

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

El turismo ya no es lo que era. La crisis de estos últimos años ha traído consigo la necesidad de afrontar cambios -estructurales e incluso de mentalidad- con el objetivo de aprovechar el viento favorable y desviar la corriente de los vicios del pasado: masificación, sobreoferta, deterioro de  las instalaciones, contaminación medioambiental…

A estas alturas, pocos son los que se apartan del criterio de adaptar el modelo a las nuevas exigencias del mercado, que pasan fundamentalmente por una alianza entre la sostenibilidad y la productividad.

Un paso decisivo fue el decreto de 2001 que fusionó las directrices de ordenación general y las del turismo.

En el dictamen sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias -de 1995 y retocada en 2009-, el Consejo Económico y Social (CES) expresa que el grado de compromiso con las circunstancias actuales aconseja definir una estrategia de las instituciones en sus distintos niveles que “debería ir acompañada” por las empresas y la sociedad en su conjunto.

Las expertos del CES ponen de manifiesto que, hasta la fecha, las “favorables condiciones” de las Islas han permitido históricamente un desarrollo turístico sin  hacer grandes esfuerzos, públicos o privados, ni asumir excesivos riesgos. Eso era antes. Ahora, esta “etapa fácil” sienta las bases de un periodo en el que serán precisos “esfuerzos mucho mayores”, especialmente en el ámbito de la innovación y la calidad,  con tal de que la competitividad no se resienta.

En coherencia con lo señalado en ocasiones anteriores, el CES incide en la importancia de incorporar al ordenamiento jurídico territorial de la Comunidad Autónoma el enfoque de las normas comunitarias.

Desde ese punto de vista, la Directiva de Servicios introduce variaciones profundas en el régimen de control y supervisión administrativa de la primera actividad económica del Archipiélago. De ahí que el CES valore que el Ejecutivo pretenda reforzar la labor inspectora al tipificar como infracción muy grave la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma o apertura de establecimientos sin autorización administrativa, basada en razones medioambientales o de ordenación del territorio.

Según el texto analizado, la inspección turística ejercerá como función la comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de las empresas,  la verificación de la existencia de infraestructuras y dotación de los servicios obligatorios, la canalización de información relativa a la situación real del turismo en Canarias, velar por la igualdad en la aplicación de las normas relativas a establecimientos y actividades turísticas, así como cualquier otro ejercicio de vigilancia que  se le atribuya.

Para ello, la inspección levantará actas, realizará visitas de comprobación, emitirá informes y  remitirá citaciones a los empresarios turísticos.

En la exposición de motivos, el Gobierno destaca que la ley 7/1995 contribuyó a potenciar este sector tan determinante en la economía de Canarias.

El articulado otorga al turismo una dimensión multidisciplinar, con una delimitación competencial  entre las administraciones públicas canarias, una capitalización de los recursos, una regulación integral de la oferta y la protección de los usuarios. La mencionada directiva de la Unión Europea conmina a los estados a emprender un proceso de simplificación administrativa que propicie la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, como el alquiler de vehículos, las agencias de viajes, los guías turísticos y hasta los parques de atracciones.

Como quiera que la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias no era compatible con ese mandato, al  imponer la autorización administrativa al ejercicio de cualquier actividad turística, hubo que corregir aquellos aspectos que perjudicaban la creación de empleo.
No obstante,  se mantiene la obligatoriedad de someterse a los controles de carácter medioambiental o territorial.

Dentro de los límites de esa fina línea divisoria, la patronal reclama una “clarificación competencial” en la ordenación del territorio, como recoge el pacto de gobierno entre CC-PNC-CCN y el PSOE. Meses después del comienzo de la octava legislatura autonómica, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, avanzó que la legislación se ajustaría y  se completaría con otras aportaciones.

Precisamente, un estudio del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) refleja una preocupación empresarial latente. Su presidente, Ángel Ferrera, se ha quejado de que, en los últimos 10 años, se han dejado de invertir más de 6.000 millones de euros.

Ese informe constata que, con una superficie de 7.500 kilómetros cuadrados (de los que 3.000, un 40%, son espacios protegidos), Canarias es la Comunidad Autónoma con más leyes en materia territorial.

La clave está en la racionalización. Sobre el teatro de operaciones del turismo en Canarias, a los actores les corresponde representar un papel de primer orden.

 

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Otro escenario

-El dictamen del CES recuerda que la evolución del turismo, en los últimos años, ha estado “fuertemente” condicionada por la situación de crisis económica internacional, que ha afectado a los principales mercados emisores. Esto se ha traducido en  un descenso en el número de llegadas de pasajeros.

-La recuperación se produjo a partir del cuarto trimestre de 2010. Tanto en Canarias como en el conjunto de España se registran desde entonces tasas positivas.

-En 2011 se consolidó la tendencia, aunque a una velocidad distinta. El ritmo vertiginoso de las Islas contrasta con la lentitud en el resto. Si bien las perspectivas no son peores, el escenario es otro.

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