Hoy comienza julio. Se incrementan los impuestos sobre el consumo por valor de 216,75 millones de euros. Por otro lado, a través de una especie de tasa Tobin Canaria, más un nuevo impuesto sobre grandes superficies junto a otro sobre el transporte de energía y una serie de tasas, se pretende alcanzar una recaudación potencial de 21,25 millones de euros. Estas medidas serán complementadas con una disminución importante de las partidas destinadas a la inversión en carreteras, aguas, Plan Integral de Empleo y REF, alcanzando una cifra negativa de 220,87 millones de euros. Para cerrar el círculo, los gastos de personal público disminuirán en 222,07 millones de euros. Y así podríamos seguir contando dinero. Lo cierto es que se drena renta procedente de las familias y empresas para que la administración pública no se detenga. Bueno, para que una parte (la política) de la administración pública no se detenga, porque se cerrarán plantas enteras de hospitales públicos que se unirá a la escalada de la lista de espera, se incrementará el fracaso escolar a través de la masificación de las aulas, se retrasará la resolución judicial de los conflictos y no se generarán más puestos de trabajo a través de la inversión pública, sino que se destruirán. Por otro lado, la Comisión Europea ha presentado una serie de recomendaciones con las medidas que considera necesarias para sanear las finanzas públicas y abrir la senda del crecimiento económico. Se sugiere un mayor esfuerzo presupuestario y avanzar más en las reformas del mercado de trabajo, la prestación por desempleo, las pensiones y el sector financiero. Pero a la vez, se cuestiona la intensidad de las medidas que, en lugar de mejorar, empeoraría la recuperación. En datos macroeconómicos, las reformas emprendidas junto a los planes para reforzar la disciplina fiscal y mejorar la competitividad, en un contexto económico adverso, ocasionarán que la actividad económica se contraiga un 1,8% en 2012 y un 1,5% en 2013 y el nivel de desempleo en España llegue el próximo año hasta el 26,1%. La situación de crisis actual y los recortes emprendidos desde las distintas administraciones públicas, ponen en estado de alarma el futuro de muchas de las líneas de actuación implementadas para el sostenimiento del Estado del Bienestar. Los inversores y los gobiernos han acordado responder al sobreendeudamiento del sector privado exigiendo más austeridad al sector público. Las políticas públicas aplicadas han escogido enfrentar esta severa crisis de solvencia empresarial con una combinación de medidas que conjugaban el ajuste salarial y laboral, el recorte de los salarios indirectos, la disminución de los costes de los servicios públicos o su privatización, con ayudas a las empresas privadas y la aparición de nuevas desgravaciones, deducciones y caída de tipos impositivos sobre el capital, sin olvidarnos de las grandilocuentes cifras en forma de rescate al sistema financiero o de la amnistía fiscal. Y ¿cuál ha sido el resultado? Pues una crisis fiscal sin precedentes, que a su vez ha generado un déficit público y un endeudamiento de los Estados cada vez mayor, originada en una operación de conversión de la deuda privada en pública. El resultado se refleja en que el estancamiento se vuelve recesión y ésta, depresión. Mientras parte de la sociedad resiste y blinda sus privilegios, parte del tejido productivo cierra y el paro rebasa niveles históricos y no paramos de pagar impuestos. Hoy comienza julio y lo que ahoga no es sólo el calor. Ni siquiera los nervios por el partido. Siempre nos quedará limitar el flato con los remedios caseros. Una infusión de eucalipto, salvia o romero, un paseo por el monte, un bañito en la playa… Respire hondo y contemple la naturaleza. Por ahora, por eso no nos cobran, aunque todo se andará. Mejor callarme para no dar más ideas.

*Director del Gabinete Técnico de CC.OO. en Canarias