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Aquí tenemos otras opciones > Ángel Cuenca Sanabria

Los fueros canarios se plantearon desde el inicio de la colonización de las Islas como una necesidad y no como un privilegio. Hacían falta instrumentos económicos y fiscales para propiciar el desarrollo, franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, rebajas de imposición directa y no aplicación de monopolios como el de la Casa de Contratación de Indias o los estancos como el del tabaco.

Durante el siglo XVIII, pese a estar en guerra con Inglaterra, la Corona autoriza el comercio con buques neutrales y enemigos, otorgando a las Islas un estatus comercial internacional especial. En 1852 se decretan los puertos francos y en 1900 la Ley de Puertos Francos, de carácter Especial, aún no derogada, piedra angular de nuestra foralidad, que además establecía un concierto con el Estado.

Luego vendrían los ilegítimos recortes franquistas consolidados en el REF de 1972 y la integración, primero parcial y luego total, en la Comunidad Europea. Transcurridas dos décadas, al hacer balance sobre el funcionamiento de dicho régimen de integración y nuestra andadura como Región Ultraperiférica (RUP), constatamos un escenario cada vez más liberalizado en las relaciones multilaterales, con la consecuencia de una erosión irreversible de la preferencia comunitaria y el desmantelamiento de las políticas comerciales proteccionistas que constituían la médula de la PAC.

Tras ese periodo, se constata un retroceso agrario, tanto exportador como de autoabastecimiento, a pesar del Poseican, repercutiendo decisivamente en el abandono paulatino del medio rural. El sector industrial -excluyendo la generación de energía-, reduce su participación en el PIB más de la mitad, pese a los instrumentos incorporados tras la integración, como las raquíticas ZEC y Zonas Francas. Además, se confirmó la esperada desaparición del pujante libre comercio en régimen de viajeros.

A todo ello se añade el incremento de las desigualdades desfavorables con la media del Estado en niveles de desempleo -sobre todo femenino y juvenil-, salariales, precariedad laboral, coste de la vida, fracaso escolar, prestaciones sanitarias y exclusión social, acompañado de un crecimiento demográfico, muy superior al vegetativo, insoportable desde una perspectiva de planificación racional y sostenible.

Tampoco prosperó la reivindicación de un estatuto permanente como RUP, que solicitaba un nivel máximo de ayudas no relacionado con el PIB/hab. Pese al mito que rodea a los fondos europeos, estructurales, de cohesión, RUP y Posei, estos sólo representan anualmente poco más del 1% de nuestro PIB, unos 600 millones de euros.

Aunque si tenemos en cuenta que las Islas Canarias es contribuyente neta al Estado en unos 4.000 millones de euros/año por todos los conceptos, este retorno europeo representa sólo un 15% de los fondos que aportamos como superávit a un estado miembro al fin.

Pero las perspectivas para el próximo periodo 2014-2020 son de una mayor disminución aún de la ficha financiera como RUP, actuando como agravante la crisis económica en que está inmersa la eurozona, ante la que la UE, en vez de incrementar las ayudas para hacerle frente, las reducirá drásticamente.

Parece lógico plantearse, por consiguiente, el establecimiento de un nuevo régimen de relaciones con la UE, aparejado a la obligada adaptación del REF y Estatuto de Autonomía, como alternativa necesaria al agotamiento del marco actual, por el que optamos hace más de dos décadas, siendo imprescindible reabrir un amplio debate social, en el que se contemple el escenario de la Asociación a la UE a través de la IV Parte del Tratado de Funcionamiento (TFUE).

Un régimen que vincularía a Canarias con la UE mediante un acuerdo basado en el Derecho Primario, que obliga a ambas partes en calidad de socios preferentes y se dota de mecanismos e instrumentos de planificación, seguimiento y aplicación mancomunados entre el Gobierno de Canarias, la Comisión y el Gobierno español, bajo la Presidencia de la Comisión, la supervisión del Parlamento Europeo y el mandato del Consejo. No se trata de no querer estar en la UE, sino de querer estar con la UE.

Que nos permitiría mantener nuestra ciudadanía de la Unión, mientras formemos parte de un estado miembro, participar en la elección del Parlamento Europeo y ejercer el derecho de petición, asumir la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, acudir al defensor del pueblo europeo y dirigirnos por escrito a cualquier institución europea y recibir contestación.

Que garantiza el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, sin derechos de aduana, ni restricciones cuantitativas, creando un marco más favorable para las ayudas compensatorias, tanto europeas como estatales y canarias, para reducir las desventajas de estos sectores y propiciar la sostenibilidad del medio rural. Así como el libre acceso a los programas horizontales comunitarios para las empresas, educación, formación profesional e I+D+i.

Libertad de acceso establecida bajo el principio de no reciprocidad en favor de Canarias, que puede establecer, si lo considerase oportuno, derechos fiscales y aduaneros propios e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles, con políticas propias agrarias y de desarrollo rural, pesqueras, industriales y comerciales. Asimismo, tendríamos la posibilidad de regular la libre circulación de trabajadores y profesionales de la UE, incluida España, y el derecho de establecimiento, mediante una vecindad civil especial canaria que exija un periodo de residencia previo para optar a ella.

Nos urgen nuevos instrumentos que nos permitan optimizar nuestra tantas veces ponderada renta de situación, desterrando el complejo de considerar la lejanía sólo desde su perfil adverso y aprovechando el concepto contrapuesto de la cercanía y gran vecindad con nuestro espacio geográfico de influencia.

Para implicarnos en políticas de codesarrollo, a través de los programas comunitarios transfronterizos, financiados por el FED y el BEI, pero también para implementar economías de plataforma al modo de Singapur, sin comparación en el oeste africano, con competencias exclusivas en puertos y aeropuertos, registro de buques y aeronaves, y una política de mares y cielos abiertos.

La asociación nos permite asimismo tener una política monetaria y banco nacional propios, como en los PTU de Antillas Holandesas -hoy a cubierto de la crisis de la eurozona pese a integrar los Países Bajos- y un sistema financiero propio, zona libre bancaria, bolsa de valores y otros servicios, como fondos de inversiones, aseguradoras y trusts financieros.

Una zona off-shore archipielágica con suficientes atractivos, para que las sociedades que aquí operen lo hagan domiciliando aquí sus matrices, sucursales o filiales, que paguen aquí sus impuestos, desarrollando así una Hacienda canaria exclusiva, titular de toda la imposición directa generada en las Islas y fuente de financiación suficiente para dar cobertura a nuestros servicios públicos.

Que nos permita, en definitiva, recuperar nuestras tradicionales franquicias aduaneras, administrativas y fiscales sobre el consumo y las libertades comerciales, para volver a convertirnos en paraíso de las compras, como reclamo turístico añadido y factor dinamizador del tejido empresarial comercial y de los servicios, generador de empleo y realmente diversificador de la economía canaria.

Aquí tenemos, por tanto, otras opciones que pueden sacar a Canarias de esta pavorosa crisis y ahorrarnos los años de sufrimiento con que nos amenazan desde Madrid y Bruselas.

¿Estamos en condiciones de despreciarlas y seguir despeñándonos hacia el abismo del subdesarrollo, la exclusión y el estallido social?