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Canarias cerró 28 centros privados de atención a mayores y sancionó a 15

EFE | Santa Cruz

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, dijo hoy en el pleno del Parlamento regional que durante los últimos cinco años en Canarias se han cerrado veintiocho residencias privadas de atención a personas mayores y se ha sancionado a quince.

Durante una comparecencia solicitada por el grupo Popular acerca de la inspección y control en centros de mayores de titularidad privada la consejera comentó que si las deficiencias que se detectan son de carácter técnico se da un plazo, dentro de la ley, para que sean corregidas.

Inés Rojas aseguró que si las deficiencias influyen en la atención a las personas se actúa de forma implacable, y explicó que cuando se produce el cierre de un centro las personas mayores se reubican en otras residencias en colaboración con la Fiscalía y el Cabildo correspondiente.

Destacó la consejera que desde el 17 de abril de este año hay un acuerdo con la Fiscalía para inspeccionar de forma conjunta, y animó a las familias a que se fijen si sus mayores son atendidos como corresponde.

También dijo Inés Rojas que se modificará la normativa para que las deficiencias técnicas se corrijan, algo que agradeció la diputada del grupo Popular Maribel Oñate, quien comentó que en ocasiones las familias no se quejan para que no los cambien, por lo que opinó que lo fundamental es conocer la satisfacción de las personas mayores.

Maribel Oñate propuso que los usuarios tengan una línea de queja, y aseguró que los ciudadanos no detectan que el Gobierno canario sea sensible hacia la situación de las personas mayores.

La diputada del grupo Popular expresó su preocupación porque la atención a las personas mayores en Canarias falla en cuestiones como teleasistencia y residenciales, y reclamó más recursos e inspecciones.

La consejera respondió que los mayores ni son ni serán una carga para el Gobierno de Canarias y aseguró que hay un plan de inspección porque de lo contrario no se podrían haber llevado a cabo los cierres y sanciones.

Hay plazas, muchas aunque no suficientes, indicó Inés Rojas, quien insistió en que el cierre de un centro implica la reubicación y que el Cabildo, la Fiscalía y el Gobierno regional asesoran a las familias para ello, y añadió que aunque cerrar una residencia genera cierta alarma social también demuestra sensibilidad.

Hay muchísimos centros pendientes de solucionar deficiencias técnicas, afirmó la consejera, quien agregó que se está convocando a todas las residencias privadas para que preparen la documentación para regular su situación con el cambio de decreto.