EUROPA PRESS | Madrid

La Federación de Industria de CC.OO. ha pedido al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que asuma sus responsabilidades en el conflicto del carbón y “no se escude” en las políticas del anterior Gobierno.

En un comunicado, el sindicato recuerda al ministro que “él es el responsable de poner solución al conflicto minero” y considera “irresponsable” la actitud del Gobierno, que se niega a ver el conflicto social de las comarcas mineras.

“La indiferencia con la que gestiona el conflicto social y político, que no económico, del sector del carbón y las comarcas puede derivar en una escalada de la tensión de la que el único responsable será el Gobierno”, señala el sindicato.

CC.OO. también asegura que un Gobierno que dice representar a la sociedad de un país del que forman parte los mineros y las comarcas mineras “no puede dar la callada por respuesta e hipotecar el futuro de 30.000 familias, por muy complicada que sea la situación económica”.

La actitud del Ejecutivo, afirma, no hará sino “agravar el problema del desempleo, que el Gobierno dice combatir”, pese a que en realidad “no solo no pone los medios, sino que toma medidas en su contra”.

“En ningún momento los planes de ajuste impuestos desde Europa promueven la destrucción de un volumen importante de empleo y, mucho menos, la eliminación de la única forma de vida que tienen estos trabajadores”, afirma.

Por este motivo, CC.OO. hace un llamamiento a la “responsabilidad del Gobierno” y, en concreto, al ministro para que deje de “echar balones fuera reprochando la mala gestión de gobiernos anteriores para intentar con ello diluir su propia responsabilidad”.

“Las gestiones de anteriores ministros ya fueron contestadas desde esta organización de forma contundente y no puede escudarse eternamente en los errores o aciertos de los que le precedieron”, asegura.

Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Soria ha asegurado que el Gobierno continuará “literalmente” con el plan de cierre de las cuencas mineras que fue “elaborado por el anterior Gobierno” y remitido a Bruselas en agosto de 2011.