EUROPA PRESS | Santa Cruz

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias -Nacionalista y Socialista- han rechazado este viernes las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Popular y Mixto (NC-PIL) al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales porque “no hay otra opción”. La del PP quedó bloqueada con la abstención de NC-PIL, mientras que la del grupo que lidera Román Rodríguez fue rechazada por los tres grupos mayoritarios de la Cámara.

El debate, al que han asistido representantes empresariales y sindicales del archipiélago, ha estado marcado por el anuncio del diputado del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, de solicitar al Estado que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley, que ha calificado de “bodrio” y “diarrea legislativa”.

Según el PP, con la aplicación de este proyecto de ley, se perderán 6.000 empleos este año y unos 15.000 en 2013, y el PIB (Producto Interior Bruto) caerá 1,2 puntos.

El Ejecutivo, a través de los consejeros de Presidencia y Justicia y Economía Hacienda, Francisco Hernández Spínola y Javier González Ortiz, ha defendido este plan de ajuste para evitar la “quiebra social” de las islas y garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos, y creen que cumple con todos los aspectos jurídicos pese a la amenaza de inconstitucionalidad del PP.

Aparte de la bajada del salario de un 5 por ciento este año a altos cargos, funcionarios y personal del Gobierno de Canarias -salvo los que ganen menos de 13.400 euros anuales–, el proyecto de ley también prevé la subida del IGIC, del impuesto de carburantes, la recuperación del de Sucesiones y Donaciones y la creación de algunos nuevos a la banca y las grandes superficies, entre otras medidas.

Desmantelamiento de la administración

En el debate, el Ejecutivo se ha comprometido a evitar el “desmantelamiento” de la administración pública y a afrontar su reforma “de frente y con luz y taquígrafos”.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, ha insistido en que el proyecto de ley se ha tomado sin “consenso” y de manera “improvisada”, y ha criticado el “derrotismo” del Gobierno canario por seguir la “política fracasada” de la Comisión Europea.

El diputado del Grupo Socialista, Emilio Mayoral, ha dicho que el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales “equilibra” los esfuerzos para cumplir con el ajuste de 800 millones del Estado, y ha destacado que la “línea roja” es el mantenimiento de los servicios públicos.

Además, ha dicho que si se cerraran, por ejemplo, las consejerías de Educación, Agricultura, el Diputado del Común, la Policía Canaria, Radio Televisión Canaria y algunas empresas públicas, tal y como plantea el PP, el ahorro sería de unos 60 millones al año. “¿De dónde sacan el resto?, no es serio que argumenten su enmienda en medio folio”, ha subrayado.

El edificio “está en llamas”

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha lamentado el tono y los “chascarrillos” del debate cuando fuera de la Cámara regional “hay gente pasándolo mal”, y ha reivindicado el plan de ajuste del Gobierno regional porque “el edificio está en llamas”.

Barragán ha dicho que las Comunidades Autónomas del PP han tomado planes de ajuste muy similares a los de Canarias y en la Cámara regional, los diputados del PP canario se “asustan”. “No estamos contentos con los recortes, pero hay que tomar decisiones. No hay otra opción. El discurso en la oposición es distinto”, ha subrayado.

El portavoz de CC espera un “cambio de conciencia” en la política económica tras la victoria de Hollande en Francia, pero mientras tanto, tiene claro que no hay “otra alternativa” que cumplir con el objetivo del déficit, porque entre otras cosas, eso también afectará a España.