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Denuncian graves vulneraciones a víctimas de trata en los CIE isleños

CIE HOYA FRIA
Hoya Fría fue uno de los centros de internamiento de extranjeros que visitó la ONG Women’s Link. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Ana tiene 42 años. Es latinoamericana, y lleva siete años en España. Tras ser detenida por una pelea, se encuentra retenida en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. “¿Por qué tengo que explicarle a un policía cuándo tengo la regla o decirle que mi flujo es abundante y que me tiene que dar más compresas? Es algo vergonzoso. Me da vergüenza”, se queja. Según asegura, sólo tiene derecho a una botella de agua al día, la comida es “mala, muy mala”, y no les permiten que les traigan nada de uso personal del exterior.

“Las visitas tienen lugar de lunes a jueves de cinco a siete de la tarde, en el pasillo, durante unos pocos minutos y sin intimidad. Incluso a mi abogado le veo en esta situación, bajo vigilancia de un policía. Creo no son las condiciones adecuadas para hablar de un tema como el de mi situación legal”, subraya la inmigrante latina, que salió de su país con el objetivo de ganar dinero para poder dar estudios a sus cuatro hijos. A Canarias llegó a través de una amiga y contrajo una deuda de 2.500 euros que ya ha pagado. Ella, a diferencia de otras víctimas de trata, sabía que trabajaría como prostituta, pero no las condiciones de explotación a las que la someterían.

Natasha es norteafricana. Lleva seis años en nuestro país, a donde llegó con un visado de turista. Hace tres meses que se trasladó a las Islas para trabajar, casi siempre en bares de alterne, aunque asegura que jamás ejerció la prostitución, que nunca quiso dedicarse a eso. Está tremendamente delgada. No come nada. Lleva mucho tiempo así. Cuenta que tiene problemas de ansiedad, pesadillas nocturnas, miedos y dos intentos de suicidio a sus espaldas.

Trato deficiente

Está muy nerviosa porque es drogodependiente. Dice que en el CIE se siente como encerrada en una jaula y lo que hace es pedirle tranquilizantes a la doctora para poder dormir todo el día. Como Ana, señala que la comida del centro es “mala”, el agua “insuficiente” y que no la tratan bien. También se queja de una de las agentes de policía la insulta y es violenta con ella. Explica que había tenido una pelea con una de las internas y que como castigo le habían aplicado dos días de aislamiento en un ala vacía. Acepta el internamiento resignada y sólo quiere que la suelten o la devuelvan a su país, porque el “infierno” que padece en el centro es demasiado duro para su delicada salud. Estos dos testimonios fueron recogidos entre enero de 2010 y marzo de 2012 por la ONG Women’s Link Worldwide, que presta asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas o presuntas víctimas de trata de personas en los centros de internamiento para extranjeros de nuestro país. La organización, que visitó los tres CIE canarios (Barranco Seco, Hoya Fría y El Matorral) y se entrevistó con la mayor parte de las internas, ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por supuestas “violaciones de derechos fundamentales” y “discriminación por razón de género”, a las que son sometidas las inmigrantes recluidas en estas instalaciones, especialmente aquellas que son víctimas del comercio sexual.

Informe contrastado

No en vano, de las 45 internas entrevistadas por la ONG, 21 eran víctimas o presuntas víctimas de trata, aunque su situación era “muy difícil de identificar”, dadas las propias condiciones del internamiento. En el documento, en el que también colaboran 15 organizaciones especializadas, los jueces de control de los centros, los directores de estas instalaciones y el propio secretario de Estado de Seguridad, se recalca que la organización se encontró, entre otros, casos de “situaciones muy precarias de salud”, “denegación” de tratamientos paliativos a las internas, diferencias de trato por razón de género e incluso “abusos” y “agresiones físicas”. En el caso del Archipiélago, la juez del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas, Victoria Rosell, confirmó a este periódico la existencia de casos de trata en los CIE isleños, aunque reconoció que desde que inició su competencia en el centro de Barranco Seco en 2010 no ha recibido quejas.

Sin embargo, Rosell sí manifestó que la situación de las mujeres internas en Barranco Seco es “especialmente lamentable”. “La custodia policial, la inexistencia de medios humanos, tales como un trabajador social, así como la carencia de medios materiales de toda índole en el centro determina limitaciones de derechos que van más allá del derecho a la libertad deambulatoria, como la limitación de los derechos a recibir información, a las comunicaciones telefónicas, a la intimidad domiciliaria y a la intimidad personal y familiar, lo que hace que la situación actual de las mujeres en el CIE de Las Palmas sea especialmente deplorable”, subrayó la juez al ser entrevistada por Women’s Link Worldwide.

También, como juez de instrucción, Victoria Rosell reiteró que le consta que han eludido el internamiento de mujeres prostituidas que presentaron denuncias y prestaron declaración, pero cuyas causas terminaron mayoritariamente en absolución de los acusados.

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Una juez de Las Palmas deja usar móviles y prohíbe las expulsiones nocturnas

La juez Victoria Rosell, siempre se ha mostrado muy crítica con las actuales condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cuyo reglamento acaba de modificar el Ministerio del Interior. Rosell dictó hace dos semanas un auto donde aclaraba un poco más el funcionamiento de estas instalaciones. Entre otras cosas, estableció “normas de visitas” ante las “restricciones” en el acceso de abogados, ONG y familiares de los sin papeles internos en el CIE grancanario; permitió el uso de móviles a los recluidos, y prohibió que se les deporte de noche y sin avisar.

Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, en funciones de control del CIE, va más allá de las normas que rigen individualmente los otros centros españoles; así, ordenó a la dirección de Barranco Seco que los miembros de las ONG puedan entrar sin tener que pedir una autorización previa a la Policía, como ocurre ahora. Asimismo, permitió que los internos emitan y reciban llamadas del exterior, “debiendo facilitarse el acceso a los teléfonos móviles”. Pero hay más: si no tienen dinero, “se les facilitará la emisión y recepción de llamadas nacionales”, según el auto. Es decir, la dirección del CIE pagará las llamadas de teléfono, como habían reclamado las ONG y recomendó en 2011 la Fiscalía del Estado.

Por último, el auto incorpora otra importante novedad: “La comunicación de la expulsión del CIE deberá hacerse con un mínimo de 12 horas de antelación a su ejecución, que en ningún caso podrán transcurrir entre las 20.00 horas y las 8.00 horas, con el fin de garantizar que la persona internada pueda comunicar su expulsión con el tiempo suficiente”.

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