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Doble varapalo > Leopoldo Fernández

En el desacostumbrado plazo de 24 horas, el Tribunal Supremo ha enviado al Gobierno de Canarias un doble recado sobre el asunto petrolero que puede resumirse en un por este camino, no. La aturdida carrera de Paulino Rivero y los cabildos lanzaroteño y majorero, con la desnortada complicidad del PSOE, para judicializar el polémico tema “hasta donde haga falta”, lejos de serenar los ánimos y apaciguar la legítima y, hasta cierto punto entendible, preocupación social, va a producir nuevas y mayores frustraciones. No creo que ninguna instancia judicial, menos aún política, se avenga a las pretensiones de unos dirigentes públicos torpes y obstinados que pretenden llevar a su pueblo hacia posturas absurdas e irracionales. Como señala el refranero, el yerro es tanto mayor cuanto más importante es su autor. Bajo la premisa de que, de existir petróleo rentable en aguas canarias, su extracción podría producir vertidos que lleguen a las costas de las dos islas periféricas más orientales, lo que en verdad se pretende es dar un ‘no’ rotundo a la explotación de una riqueza potencial por la que suspiraría -más aún en tiempos de escaseces- hasta el que asó la manteca. El doble varapalo judicial, tiene razón el presidente Rivero, no resuelve el conflicto, pero debería mover a la reflexión al jefe del Gobierno y sus secuaces porque, como afirma el sociólogo Ruskin, en el fondo de todos los errores están siempre la soberbia y el orgullo. ¿Cómo se van a parar judicialmente unas prospecciones bajo la sospecha de que pudieran producirse daños irreparables? ¿Paramos coches, aviones, barcos y todo tipo de vehículos movidos por combustibles fósiles -o no utilizamos ninguno de ellos- por el simple recelo de que pueden sufrir un accidente? ¿No será más lógico exigir la mejor atención y las máximas medidas de seguridad? Pues con el petróleo pasa lo mismo, que no se puede paralizar su eventual extracción por miedo a una desconfianza etérea que puede o no confirmarse. Seguir adelante con esta política populista, demagógica y electorera es absolutamente suicida porque si humano es errar, sólo los estúpidos perseveran en el error, como diría el clásico. No cabe esperar ninguna concesión judicial, ni ninguna cesión de la UE, cuando en un asunto de esta naturaleza, más allá de discursos oportunistas, priman los superiores intereses nacionales y canarios. Si las actuales leyes no permitieran la extracción, habría que cambiarlas para acabar con esa absurda, “larga y dura batalla”, según Rivero, para dar paso a la racionalidad, el sentido común y la política en su mejor versión. Ello equivale a dialogar con el Gobierno del Estado y con Repsol para que las Islas se beneficien de las posibles riquezas del subsuelo marino. Esta sería la postura más utilitaria e inteligente, más cuando están dando en las narices a los partidarios de medidas que llevan a Canarias a un callejón sin salida.