TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Sensación de alivio y de esperanza por recuperar la paz perdida en la comunidad educativa. Es lo primero que transmiten tanto Sharon de Cáceres, secretaria de la Asociación de madres y padres (AMPA) del Hispano Británico, como Ana Belén Martínez, miembro de su equipo directivo y cofundadora de esta, al ser cuestionadas por la orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna contra un docente tinerfeño -identificado como D.R.M.- al que se prohíbe acercarse a 200 metros del colegio y a los dos menores de edad, alumnos de este, que lo han denunciado por supuestos abusos. Dicho docente niega la veracidad de tales denuncias.
“Nos devuelve la normalidad”, explica De Cáceres, para quien “era importante apartarlo del colegio hasta que decida el juzgado, que es donde hay que dilucidar estos asuntos y no en el colegio”. La secretaria del AMPA justifica sus palabras “porque ha sido muy largo y muy duro, desde que se presentaron las denuncias [abril de 2011] hasta ahora, y desde luego que ha habido problemas en el colegio durante todo este tiempo”.
No en balde, tal y como apunta Ana Belén Martínez, “se calcula que el año pasado se fueron del colegio unos 175 alumnos, pero los que ahora se lo están pensando con vistas al curso que viene ya tienen la tranquilidad de que, mientras no se resuelva el caso, el profesor denunciado no podrá acercarse al centro, ya que si lo hace puede ir a la cárcel, como así se recoge en la orden de alejamiento”.
Cabe apuntar que el Hispano Británico, un centro educativo 100% privado que es una de las máximas referencias provinciales en cuanto a nivel académico, cuenta con unos 800 alumnos, por lo que la marcha de alumnos del curso pasado supondría el 20% del total.
“Una gran familia”
Para entender tal conmoción general es menester recordar que uno de los dueños es el padre del profesor en cuestión, mientras que el otro dueño está personado como acusación contra él.
Según Martínez, “es normal esta reacción porque el colegio siempre ha sido una gran familia en la que todos nos conocemos y nos llamamos por nuestros nombres. Por eso, cuando llegaron las cartas a los padres y madres defendiendo la inocencia del imputado, los incidentes debidos a personas que no tienen relación académica ni profesional con el centro y demás, optamos por crear el AMPA”.
De la gravedad de tales injerencias da cuenta el hecho de que el colegio tuviera que contar con personal de seguridad para poner fin a estas, ya que Inspección de Trabajo las detectó tras recibir quejas al respecto y, en caso de repetirse, el centro tendría que afrontar las correspondientes sanciones por ello.
La Fiscalía informó a favor de que se le prohibiera acercarse al centro
El Ministerio Fiscal informó favorablemente a la adopción por parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de La Laguna de una medida cautelar que impidiese al profesor del Hispano Británico denunciado por supuestos abusos acercarse a 200 metros del centro, así como de los alumnos, de sus lugares de residencia y/o trabajo y estudios, además de entrar en contacto con ellos por cualquier vía, incluida la telemática y demás.
Esta decisión, que entre otras cosas está respaldada en la pericial psicológica practicada, que ofrece un grado de “probablemente creíble” al relato de los menores de edad denunciantes, llega tras una instrucción que se ha prolongado desde hace más de un año y marca un punto de inflexión en esta.
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Cronología
Marzo-abril de 2011. El primero de los chicos presenta denuncia en La Laguna a cuenta de supuestos abusos por parte de su profesor que habrían tenido lugar durante una actividad extraescolar. Se le toma declaración al docente, que niega los hechos. Este pide la baja voluntaria.
Marzo-abril de 2011. Unas semanas después de la primera denuncia, otro chico acusa al mismo profesor. La policía inicia entonces una importante actividad investigadora al objeto de delimitar el alcance del caso.
Septiembre 2011-enero 2012. La convivencia de la comunidad escolar se deteriora gravemente, lo que acaba forzando la creación del AMPA, que se persona como acusación popular en el proceso. La otra acusación privada es la de uno de los dueños de la mercantil que posee el colegio.
Marzo de 2012. La situación en el colegio se crispa hasta límites insospechados por un supuesto intento del sector que defiende al imputado de recobrar la dirección pedagógica del centro, función que en la práctica llevaba a cabo hasta que fue denunciado por los chicos.
Junio de 2012. Se dicta la orden de alejamiento contra el docente -con el informe favorable del Ministerio Fiscal- al entender el magistrado titular que instruye la causa, César Romero Pamparacuatro, que hay indicios racionales de criminalidad que la justifican.
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