EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

Los grupos políticos en el Cabildo esperan que en dos meses, el Gobierno de Canarias lleve a cabo las modificaciones oportunas en el decreto que tiempo atrás trató de regular la actividad turística de más de 3.000 alojamientos en situación de alegalidad en La Palma. A día de hoy tales medidas no han conseguido su efecto sobre esta oferta turística, “en sana convivencia con el entorno y con el resto de establecimientos”, y prolonga la incertidumbre de muchas familias que viven de esta actividad desde hace más de 20 años.

Si en el plazo de dos meses el Cabildo ve “resistencia” por parte del Gobierno de Canarias a la hora de aplicar las modificaciones planteadas por la Consejería de Turismo que dirige Julio Cabrera, impulsará una proposición no de ley que sería defendida en el Parlamento. Así lo explicó la presidenta del Cabildo palmero, Guadalupe González Taño, tras pedirle los populares una respuesta “contundente” después de exponer días atrás que “lo lógico es que el Cabildo tome cartas en este asunto para conferir efectividad al decreto que permitiría una regulación específica de los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico en La Palma, cuya tipología está recogida en la Ley 6/2002, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística.

Los populares se refieren a la situación de alegalidad de estos 3.000 alojamientos como a “una espada de Damocles”, un asunto frente al que el grupo de gobierno afronta con “preocupación” y con la remisión de un texto, dos meses atrás, que contiene los argumentos planteados ahora por el PP “en el 99% de lo planteado”, reconoció Julio Cabrera.