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El debate > Alfonso González Jerez

Con los votos de la mayoría que sostiene al Gobierno regional -ni uno más ni uno menos- el Parlamento de Canarias aprobó ayer el recorte de 800 millones de euros en los presupuestos generales de 2012, vehiculado en una ley de medidas administrativas y fiscales. El proyecto legislativo -descensos salariales, amputaciones del gasto y subidas de impuestos- fue defendido con más resignación que entusiasmo por los portavoces coalicioneros y socialistas. El equipo de la Consejería de Economía y Hacienda echó números para cuadrar supuestamente los 800 millones que no vendrán del Estado -cabe recordar que, asombrosamente, los presupuestos generales de De Guindos y Montoro no han sido aun aprobados por las Cortes- con el mantenimiento de las administraciones públicas y los servicios sociales básicos. Uno de los intríngulis del asunto consiste, precisamente, en averiguar los límites conceptuales y operativos de lo que el Ejecutivo canario entiende como servicios sociales básicos. ¿Incluye los tratamientos oncológicos, las prótesis de cadera, los marcapasos, el cierre o no de plantas hospitalarias completas, los transplantes renales, la prescripciones farmacológicas para enfermos crónicos, la gestión -casi inexistente- de las drogodependencias, la clausura de las escuelas unitarias, el olvido definitivo de los últimos restos de atención a la dependencia, las transferencias en política y gestión social a los cabildos insulares? ¿Qué va a dejar vivo esta brutal intervención quirúrgica a uña de caballo?

Curiosamente el debate parlamentario no se detuvo en estas insignificancias. El Partido Popular, por la estucada boca de su señoría Jorge Rodríguez, se centró en su argumentario favorito, la lamentable parálisis del Gobierno en las reformas de la administración autonómica. Desde luego, a la administración autonómica, y al propio Gobierno regional, le urge una reforma que eligiere su coste y, sobre todo, introduzca criterios de eficacia, eficiencia y transparencia. Pero la insistencia del PP se centra en construir una fantasía en el que, si se suprimen cuatro consejerías y una decena de direcciones generales los recortes presupuestarios impuestos desde Bruselas y Madrid se notaría tan poco como una posma otoñal en La Laguna. Es patética esta testarudez del Partido Popular cuando Mariano Rajoy se ha mostrado incapaz de ofrecer y desarrollar una reforma de las administraciones públicas en España. Román Rodríguez, por su parte, simuló estar de invitado en Davos, no en la calle de Teobaldo Power, y criticó al Gobierno de Canarias por dedicarse a una austeridad suicida en lugar de estimular la economía. No es que Rodríguez no tuviera razón: es que desde los escaños azules el margen de maniobra para la actuación política es casi nulo y el modelo económico en el que todavía, como en un mal sueño, está instalada la actividad económica del Archipiélago recibe la supresión de la inversión y el gasto público canario, español y europeo como una puñalada mortal.

@AlfonsoGonzlezJ