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El Gobierno aprueba la ley contra el fraude fiscal

EFE | Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, la aplicación de esta medida afectará a las operaciones realizadas entre particulares y a las realizadas entre empresas o profesionales.

Serán sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, mientras que será exonerado de la sanción quien voluntariamente comunique el pago en efectivo. Además, habrá obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la “imprescriptibilidad” de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

Sáenz de Santamaría resaltó que aparte de no prescribir, el defraudador se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará a 5.000 euros por cada dato no declarado. También se establece la exclusión del régimen de módulos para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones particulares, una exclusión que sólo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros.

El contenido del proyecto de ley, que ya fue explicado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril, recibió el visto bueno del BCE y del Banco de España, según Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta incidió en que el proyecto persigue la igualdad y la equidad de los contribuyentes para pagar impuestos y que no haya algunos que eludan sus obligaciones fiscales.