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El Gobierno prevé ahorrar 7,7 millones en el nuevo concurso de telefonía

EFE | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy las cantidades máximas que autoriza para el gasto plurianual que supondrá la contratación del servicio de telefonía y redes de comunicación, y establece un recorte medio anual en este gasto de al menos 7.750.000 euros.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha informado de que la propuesta presentada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías supone la aplicación de un ahorro medio anual del 40,25 por ciento respecto a las cantidades establecidas como tope para el contrato anterior, cuya vigencia concluye este año 2012.

El gasto plurianual aprobado hoy autoriza a licitar por un total de 46 millones de euros el concurso público hasta el año 2016 y según la documentación del Gobierno, en términos anuales esto equivale a un coste medio tope de 11.500.000 euros para cubrir el coste de todas las líneas telefónicas, fijas y móviles, y las redes de comunicación de las que dispone la administración pública.

El gasto medio establecido en el contrato cuya vigencia concluye este año ha sido de 19.250.000 euros al año.

Esta contratación incluirá la cobertura de servicio para todas las conexiones existentes en los hospitales, centros de salud, juzgados y todas las sedes de la administración pública autonómica, además de las conexiones de todos los ayuntamientos y cabildos a la red SARA (sistema que interconecta a todas las administraciones locales, autonómica y estatal).

También incluye la cobertura del servicio en los centros educativos con necesidades especiales de comunicación por su ubicación geográfica y que están conectados a través de VSAT o Wimax.

El Gobierno señala en una nota que en telefonía móvil, el contrato que se licitará incluirá la cobertura de costes para las comunicaciones de móvil a móvil y de fijo a móvil de toda la Administración autonómica.

En cuanto a la cobertura del servicio en telefonía fija, incluye la infraestructura de toda la red además del tráfico telefónico y los servicios de datos.
Según el Gobierno, el ahorro de costes se producirá a la vez que se exige una mejora en la calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones de datos y sus prestaciones.