G. M. T. | Santa Cruz de Tenerife

¿Qué pasaría si al Gobierno de Canarias se le diera a elegir entre cobrar 100.000 euros en impuestos o crear, con ese dinero, cuatro puestos de trabajo estables? Para cualquier ciudadano, la respuesta es sencilla: lo mejor es crear puestos de trabajo. Ésta es la premisa de una propuesta revolucionaria que el sindicato CC.OO. puede acabar lanzando a las patronales canarias de hostelería y al Ejecutivo autonómico.

Se trata de transformar impuestos en trabajo directo, lo que puede significar el fomento del empleo estable, productivo, beneficioso para las empresas y también duradero. El Gobierno autonómico, que ya hacía cuentas con los nuevos ingresos, no aceptará una iniciativa que puede comprometer el mantenimiento del empleo público.

Un equipo técnico del sindicato CC.OO. está trabajando en una propuesta radicalmente novedosa. Frente al discurso oficial de la lucha contra el paro, que sólo se queda en palabras y aplicación de fondos que no logran crear empleo, CC.OO. pretende poner sobre la mesa del Gobierno de Canarias una medida que creará, de forma automática, nuevo empleo en el sector hotelero de las Islas. La propuesta que CC.OO. piensa presentar a los hoteleros canarios, para plantearla conjuntamente ante el Gobierno, es convertir el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) en un mecanismo de creación directa de empleo.

Lo que valora el sindicato es que los hoteles transformen el IGIC soportado en su facturación a clientes en un fondo salarial vinculado a la creación de puestos de trabajo.

Pongamos un ejemplo. Un hotel que factura a clientes unos 10 millones de euros por temporada paga al año 500.000 euros de IGIC (y pasará ahora a pagar 700.000). Ese hotel puede optar entre seguir pagando el impuesto o, en su lugar, quedar exento y transformar ese importe en la contratación de un número de trabajadores cuya masa salarial sea equivalente al impuesto devengado (en el ejemplo anterior podemos estar hablando de entre 15 y 20 trabajadores).

Si, en cambio, el establecimiento alojativo optara por esta segunda fórmula, siempre vinculando la contratación a la exención del impuesto, transformará sus impuestos en aumento de la productividad del negocio, en mejora del servicio y en creación de empleo.

Los problemas que se deben solventar son abundantes. Por parte de la patronal, se ve con reservas la contratación de nuevo personal porque, si bien les eximiría de pagar el IGIC (en cantidad equivalente al personal contratado), los nuevos contratos, en caso de extinción futura, supondrían un coste que no se podría contemplar en la medida. Por otra parte, habrá que establecer un mecanismo que asegure y vincule la contratación de nuevo personal a la exención del IGIC y viceversa. Son flecos importantes sobre los que se está trabajando para intentar articular un mecanismo eficiente.

Un portavoz del sindicato CC.OO. aseguró a DIARIO DE AVISOS que “se está trabajando en la propuesta”, aunque matizó que está en fase de estudio y que faltan muchos aspectos por determinar. “Lo que sí es cierto es que en este terreno, como en muchos otros, estamos por convertir las palabras de luchar contra el desempleo en acciones concretas y puntuales”, aseguró la citada fuente. La dramática situación de los miles de parados canarios, muchos de ellos ya sin subsidio por desempleo, ha encendido todas las luces rojas de este sindicato, que investiga incesantemente fórmulas novedosas para invertir la situación del mercado laboral.

Lo que se estudia en estos momentos, además de los aspectos técnicos, es a qué sectores empresariales, además del hotelero, se puede aplicar la medida y si ésta afecta a la totalidad del impuesto o al tramo de subida que piensa aplicar el Gobierno de Canarias (dos puntos más en el tipo general del 5%). Para el sindicato, además, la merma de recaudación fiscal que se obtendría por el IGIC se vería atenuada por los ingresos fiscales que significarían las cargas sociales sobre el nuevo trabajo y las tributarias sobre los nuevos salarios. Sólo que cientos de personas podrían disfrutar de un puesto de trabajo estable y un salario con el que ahora no cuentan.

Situación difícil

Pero, aunque se alcance un acuerdo entre las partes, queda el escollo más importante: el Gobierno de Canarias. El Ejecutivo autonómico necesita ingresar dinero y el IGIC, que subirá en el segundo semestre del año del 5% al 7% en su tipo general, es un mecanismo extractivo muy importante.

Como es obvio, resulta difícil oponerse a una propuesta que equivale a negarse a la creación inmediata y directa de nuevos puestos de trabajo en un territorio donde se supera ya la cifra de las 360.000 personas sin empleo (32% de la población activa). Pero, por otro lado, la supervivencia de algunos servicios públicos depende de la recaudación de impuestos.

Una fuente solvente del departamento de Hacienda del Gobierno de Canarias consultada por el DIARIO, manifestó estar al tanto de la propuesta, pero mostró su escepticismo sobre la posibilidad de que pueda ser aceptada. “La idea es buena, no lo negamos. Pero si dejamos de cobrar el IGIC a los hoteleros ¿quién paga la Sanidad”, indicaron. “Esto es un sistema de vasos comunicantes -añadió la citada fuente-, y lo que quites de un lado tiene efecto en otro. ¿Podemos aceptar que se cree un puesto de camarero en un hotel, pero sabiendo que se va a perder un puesto de enfermero en un hospital público?”.

El Gobierno de Canarias ha previsto una recaudación por el IGIC que asciende a unos 250 millones de euros, de los que el grueso corresponderá a la recaudación por el tipo general (que sube al 7%). Una caída en esta recaudación sería un torpedo en la línea de flotación del plan de mantenimiento de los servicios públicos en las Islas.

Los 800 millones de ajuste que se van a realizar en Canarias se basan en una reducción de gastos de 550 millones (más de 200 millones de reducción en gastos de personal, 80 y pico millones de ahorro en gastos corrientes, más de 30 en varios departamentos, algo más de 70 en Educación y poco más de 100 en Sanidad, en grandes líneas) y en un aumento de la recaudación del IGIC en 250 millones.

“En este escenario, cualquier descenso en la recaudación del IGIC va a tener efectos directos e irremediables en los servicios públicos, donde ya estamos al límite”, aseguraron las citadas fuentes gubernamentales.

[apunte]

Defensa practicada con uñas y dientes

Sindicatos y empresarios entienden la postura del Gobierno y, especialmente en el área sindical, se defiende con uñas y dientes el mantenimiento del empleo público. Pero para los empresarios cuesta más entender la argumentación oficial.

Aceptan que la Administración autonómica ha realizado un esfuerzo de reducción del gasto público (incluso superior porcentualmente al realizado por el Gobierno central), pero consideran que “se han reducido los gastos de la Administración sin querer atacar el problema de fondo, que es la reforma de su propia estructura”. Para los empresarios, se está perdiendo una oportunidad de atacar en su raíz los defectos de un sector público que ha crecido más de lo que debiera, que resulta muy costoso y que no es sostenible.

Pero especialmente “no es defendible que el mantenimiento del empleo en el sector público esté basado en la creación de desempleo en el sector privado”.

“La teoría de los vasos comunicantes -indicó un empresario hotelero a este periódico, al pedírsele opinión sobre la postura del Gobierno- está muy bien traída. Pero el problema es que el agua se quita siempre del sector privado para echarla al público”.

En todo caso, añadió, “que se elimine del discurso que el primer problema de Canarias es el paro, porque va a resultar que no es así y que el primer problema es el mantenimiento del empleo del sector público, donde no todo el mundo es enfermero, médico o profesor”.

Las fuentes sindicales consultadas por este periódico no fueron tan críticas con la postura del Gobierno, pues la entienden perfectamente, pero consideran que los ingresos fiscales provenientes de la creación de empleo pueden compensar las mermas por el IGIC.

Admiten, sin embargo, que, aunque el sistema de crear empleo es “más sano” a largo plazo, en la actual coyuntura hay que estudiar sus efectos y los argumentos del Gobierno canario sobre la necesidad de mantener la recaudación del IGIC para financiar de forma directa empleo público.

[/apunte]