T. F. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife
“En la medida en que podamos encontrar, dentro de los límites de la Justicia civil, satisfacción para esos consumidores, ahí estamos”. Con tan singular expresión escenificó ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la decisión adoptada por el Ministerio Público de combatir el fraude que han supuesto las llamadas participaciones preferentes que los bancos han colocado entre los pequeños y medianos inversores de este país.
En declaraciones a los medios en Sarria (Lugo) recogidas por Europa Press, Torres-Dulce dijo que, a raíz de las diligencias informativas que se han abierto en diversas comunidades, “posiblemente hacia finales de junio o principios de julio” decidirán interponer “una demanda de consumo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios”.
Tal decisión de Torres-Dulce se encuadra dentro del creciente rechazo a estos productos bancarios, que se han traducido ya en una acción civil conjunta por parte de la Fiscalía de Galicia, así como en las durísimas críticas vertidas por los principales partidos políticos -incluido el ministro de Economía, Luis Guindos-, la semana pasada en el Senado, y de las que se viene haciendo eco este periódico.
En cuanto a la vía elegida por la Fiscalía para hacer Justicia, Torres-Dulce vino a coincidir con la opinión expresada por tantos letrados por todos el país, incluido el especialista tinerfeño Carlos Gómez, quien hace un año advirtió indicios penales en la actuación de las entidades a la par que un encuadre diáfano en la legislación civil, lo que sin duda redunda en el objetivo buscado por los perjudicados: recuperar el acceso a su dinero. “Hemos estado estudiando la posibilidad de tipificar penalmente algunas actividades, señaló Torres-Dulce.
Hasta el momento no encontramos fácil ubicación típica que respete el principio de legalidad de esas actividades dentro de un proceso penal, pero sí tenemos claro que en la legislación civil de consumo sí puede haber un espacio de reclamación”, avanzó el fiscal.
Las participaciones preferentes han sido vendidas desde 2009 por las entidades financieras españolas entre sus clientes de toda la vida, a los que se les propuso colocar sus ahorros de toda la vida, generalmente en depósitos a plazo fijo, en esta suerte de deuda del propio banco pero sin participación en su capital ni derecho de voto. Son perpetuas y su rentabilidad depende de si la entidad obtiene beneficios.