El episodio de las autoridades herreñas entrando por la fuerza en un barco, que es una instalación que se rige por una normativa singular, es un esperpento que probablemente no hace sino reflejar la creciente bananización de la política canaria. Se debe siquiera considerar que esas personas realizaron un viaje sin billete legal y, por tanto, sin el seguro correspondiente, para valorar la irresponsabilidad de unas autoridades que se supone que son las encargadas de que se cumplan las leyes en todo momento y para todos. Ellos no son una excepción por encima de la legalidad, aunque así se lo crean.

Cabe deducir del comportamiento del presidente del Cabildo del Hierro y de otras autoridades allí presentes, que entienden que hay situaciones en las que se pueden desarrollar comportamientos violentos (obrar con ímpetu y fuerza, es una definición del diccionario), como es el ingreso por la fuerza en un buque, y que por tanto cabría que otros que también se consideren “en su derecho” ocupen por la fuerza -como hicieron ellos- las instalaciones oficiales o sus despachos, ya que no van a exigir para ellos un amparo o respeto que no muestran para otros. Abren así una puerta de potencial reciprocidad de desconocido desarrollo.

Las reivindicaciones herreñas tienen fundamentos, pero las cosas no pueden responder a un voluntarismo de que “yo quiero que se hagan de esta manera” y si no es así rompo los muebles. Y más cuando se pide que lo paguen otros. El servicio es deficitario y hay que considerar la relación entre el número de habitantes y la actividad que se genera, para ordenar el uso, calibrar las carencias que se tienen que cubrir y los recursos de que se dispone para ello, en unos tiempos en los que se está en una emergencia económica casi nunca antes vista.

Hay una obligación de todos los canarios de ayudarse entre sí y de que cualquier residente de una Isla tenga similares condiciones básicas, entre ellas el transporte, pero las soluciones, que pasan todas por cubrir el déficit pagándolo todos los habitantes de las Islas, demandan seriedad y equilibrio en unos tiempos en los que se recortan fondos y que no se da porque no se quiera, sino porque no se tiene sino hasta determinado y escaso límite.

Conviene hacer un llamamiento al sentido común de la clase política, que ya se sabe que es virtud en algunos escasa, pero siempre queda la esperanza de que algo puedan rascar en su fondo. Por ejemplo, al nuevo secretario regional del PP, Asier Antona, que jalea lo hecho por los políticos herreños. Si cree que ser un dinamitero, amparando las acciones violentas, es conveniente para su partido, me temo que lo que está ganando es la consideración de oportunista. Poco inteligente, además, ya que si justifica esto, también se entiende que encuentra aceptable la ocupación de los despachos y sedes que le ocurrió su partido. ¿O es que unas cosas están mal para el PP y bien para los otros?