Transparencia Internacional acaba de publicar un informe titulado Dinero, política y poder en Europa que contiene unas conclusiones no difíciles de intuir. Efectivamente, en el origen y etiología de la aguda y dolorosa crisis que estamos sufriendo, especialmente en el viejo continente, está esa oscuridad que reina en el proceloso mundo de las íntimas relaciones que existen entre poder político y poder financiero. En este contexto, se debe regular con transparencia la acción de los lobbies así como un sistema operativo, eficaz y real, de control de la financiación de los partidos políticos. La ONG recomienda a nuestro país más transparencia, un programa anticorrupción, una norma de responsabilidad judicial y un código ético para los parlamentarios. Tenemos un proyecto de ley de transparencia que esperemos introduzca más luz y taquígrafos en la acción de los poderes del Estado y disponga de un sistema de control en manos de autoridades independientes. El plan anticorrupción debería confeccionarse sobre una nueva norma de financiación de los partidos políticos. La responsabilidad jurídica de los gestores públicos ya tiene rango legal desde hace escasas fechas mientras que la responsabilidad jurídica de los jueces y magistrados se debería acometer en breve.

El informe refleja que todavía hay muchos gobiernos que no rinden cuentas del gasto público y que, esto sí que es muy grave, solo dos países protegen adecuadamente a los denunciantes de las represalias producidas por su acción. Dinamarca, Noruega y Suecia son los Estados mejor protegidos contra la corrupción. En este contexto, como es lógico, la corrupción ha florecido y se ha desarrollado con una gran intensidad. Una corrupción que está en la base de la crisis económica y financiera y que se debe extirpar si es que queremos de verdad que las cosas cambien sustancialmente. Los dirigentes de los partidos deberían empezar a sentar acuerdos que impidan el control de determinadas instituciones, que fomenten la democracia interna, que reduzcan notablemente el número de asesores y personal de confianza y que se conviertan en representantes de los electores, no del jefe de filas que digitalmente los colocó. La ciudadanía, con toda razón, empieza a estar decepcionada con los políticos.

*Catedrático de Derecho Administrativo jra@udc.es