EUROPA PRESS | Madrid

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes que las fuerzas gubernamentales sirias han recurrido a la violencia sexual para torturar a hombres, mujeres y niños detenidos durante el actual conflicto. También ha acusado a militares y combatientes de milicias leales al Gobierno de abusar sexualmente de mujeres y de niñas al registrar en viviendas y zonas residenciales.

HRW ha entrevistado a diez personas que estuvieron detenidas, entre ellas dos mujeres, que afirmaron haber sufrido o presenciado abusos sexuales como violación, penetración con objetos, tocamientos sexuales, desnudez forzada durante largos periodos de tiempo y descargas eléctricas y golpes en los genitales.

Muchas de esas personas han contado a la organización que fueron encarceladas por su activismo político, por ejemplo, por participar en manifestaciones.

La directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, ha afirmado en un comunicado que “la violencia sexual contra detenidos es una de las muchas armas horribles con las que cuenta el arsenal de tortura del Gobierno sirio”. “Las fuerzas de seguridad la utilizan a menudo para humillar y degradar a los detenidos con total impunidad”, ha añadido.

Según Whitson, estas agresiones no se realizan solo en centros de detención, ya que las fuerzas gubernamentales y las ‘shabiha’ (milicias favorables al régimen del presidente Bashar al Assad) también “han abusado sexualmente de mujeres y niñas al realizar redadas en domicilios y peinar zonas residenciales”.

HRW ha documentado más de 20 incidentes de agresión sexual (en cinco de ellos había más de una víctima) que se produjeron entre marzo de 2011 y marzo de 2012 en distintos lugares de Siria, como las provincias de Deraa, Homs, Idlib, Damasco y Latakia. La mayoría de los casos corresponden a Homs.

Las víctimas no lo cuentan

Según la organización, el estigma que sufren en Siria las personas que han sufrido violencia sexual hace que las víctimas se muestren reacias a denunciar los abusos. Muchos de los trabajadores sociales entrevistados por HRW han explicado que, por miedo o por vergüenza, las víctimas no quieren que sus familiares se enteren.

Además, cuando deciden pedir ayuda, las víctimas tienen dificultades para acceder a asistencia médica o psicológica, tanto en Siria como en los países vecinos a donde huyen.

“Es crucial que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a servicios médicos de emergencia, asistencia legal y apoyo social para tratar las heridas provocadas por la agresión y prevenir embarazos, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual”, así como que se puedan “recoger pruebas para que los responsables sean procesados”, ha subrayado HRW.

La organización defensora de los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Al Assad, a los países que acogen a refugiados sirios y a los donantes internacionales que se aseguren de que las víctimas disponen de información sobre los servicios médicos y psicosociales a los que pueden acceder y que se les garantice confidencialidad y seguridad.

No se castiga a los responsables

HRW ha destacado que no se han tomado medidas para investigar o castigar a aquellos miembros del Ejército y la Policía o milicianos que han cometido actos de violencia sexual ni para evitar que se repitan, pese a que las circunstancias en las que se produjeron la mayoría de los abusos hacen suponer que sus superiores deberían haberse enterado.

Todas las mujeres que sufrieron abusos sexuales durante su detención y que fueron entrevistadas por HRW afirman que no recibieron atención médica ni psicológica en prisión. Solo una de ellas (diez en total) la recibió tras ser liberada.

La organización también habló con dos mujeres que fueron agredidas sexualmente en sus casas y con seis testigos que estaban al tanto de agresiones sexuales contra mujeres o niñas. En cinco de esos casos, los entrevistados dijeron que los agresores eran ‘shabiha’.

Además, cuatro hombres que desertaron del Ejército o la Policía relataron cinco casos (que habían presenciado o sobre los que habían recibido información) de miembros de las fuerzas gubernamentales que agredieron sexualmente a mujeres durante registros en domicilios o que detuvieron a mujeres para abusar de ellas.

HRW ha exigido al Gobierno sirio que ponga fin a este tipo de violencia a manos de policías, militares o milicianos ‘shabiha’ y que investigue y castigue a los responsables. También ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que reclame a Damasco el “acceso sin restricciones” de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas a “todas las partes de Siria, especialmente los centros de detención” para que pueda investigar los casos de violación de los Derechos Humanos.

Igualmente, considera que el equipo de observadores de la ONU que se encuentra en Siria supervisando la aplicación del plan de paz del mediador internacional, Kofi Annan, debería poder acceder a los lugares de detención.

Por último, Whitson ha señalado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe dejar claro al Gobierno de Al Assad que “tendrá que rendir cuentas por la violencia sexual y por otras violaciones de los derechos Humanos” llevando el caso de Siria al Tribunal Penal Internacional.