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La CE podría paralizar cualquier restricción de vuelos en un aeropuerto con el nuevo reglamento del ruido

EUROPA PRESS | Madrid

La Comisión Europea (CE) podría paralizar cualquier restricción de vuelos en un aeropuerto por parte de un Estado miembro con el nuevo reglamento que el Parlamento Europeo (PE) tiene previsto aprobar el próximo mes de octubre, según denunció este jueves la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, Anaita.

El reglamento, pactado por los Veintisiete el pasado jueves, sustituirá a la directiva en vigor, de 2002, que regula el uso restrictivo de las infraestructuras aeroportuarias en función del ruido, para conciliar su actividad con la de los ciudadanos que viven en su entorno, y que se aplicará en aquellos aeropuertos con “más de 50.000 operaciones anuales”.

No obstante, dicho reglamento, que establece normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas, todavía debe recibir el visto bueno del PE para que pueda entrar en vigor, mientras que el Consejo todavía no ha adoptado una postura oficial.

El próximo viernes, el PE ha organizado un foro en Palma de Mallorca para debatir el ‘Paquete Aeroportuario’ que incluye dicha norma, con propuestas sobre franjas horarias, mantenimiento en tierra y el ruido, encuentro al que ha sido invitada también la asociación.

En España, actualmente hay 10 aeropuertos que cumplen con los requisitos pactados, con lo que aparte de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, los aeropuertos de Palma, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Valencia, Tenerife Norte y Sur e Ibiza tendrán que cumplirlos, y podrían ascender a 14 en un futuro, según dijo la ministra de Fomento.

Pastor defendió que España ha apoyado dicho reglamento porque regula aspectos como las salidas de vuelos, los niveles de ruido, los virajes de las aeronaves, las aproximaciones, los horarios y permite introducir restricciones, además de la supresión de los aviones más ruidosos, ya contemplada en la directiva actual.

Por encima de los tribunales

Desde Anaita, se considera sin embargo insuficiente este paso, ya que debería haber por norma requisitos ya definidos en todas las infraestructuras, que no son iguales en todos los países, pero “lo más grave” es que una directiva, que supone un marco mínimo de cumplimiento, se convierta ahora en un reglamento, porque esto “supondrá la paralización cualquier decisión restrictiva de un Gobierno” de ir más allá en este ámbito.

“Incluso la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los sobrevuelos de Santo Domingo (Algete) sobre Barajas, si AENA decide llevarla a cabo, podría ser paralizada por la Comisión”, advirtió la secretaria general de Anaita, María Ángeles López Lax.

La sentencia del TS sigue pendiente de ejecución, ya que AENA estima que podría llevar a reducir las operaciones en Barajas hasta en un 20%.

Para Lax, la entrada en vigor de este reglamento a partir de octubre para los próximos cinco años, supondría echar por tierra el camino recorrido hasta ahora para minimizar el impacto medioambiental y sobre los ciudadanos del entorno derivado del impacto del ruido aéreo.

Asimismo, consideró que el poder de control previo a la adopción de cualquier medida restrictiva por razón del ruido que se otorga a la Comisión situaría a ésta por encima de Estados y sus tribunales.

Hasta ahora además de la sentencia de Santo Domingo en España, existe una sentencia que prohíbe los vuelos nocturnos en el aeropuerto de Frankfurt, tras las demandas presentadas vecinos de la zona, y una en Bruselas, que obligó a una compañía logística a trasladar su base.

“SOLO TIENE EN CUENTA EL COSTE ECONÓMICO”

Por otro lado, criticó que aunque establece como obligación las mediciones del ruido, con una base común de datos, deja en manos de los Estado establecer los valores límite, cuando en el caso de España, la mayoría de aeropuertos los controla AENA, por lo que temen que los niveles se fijen siguiendo los objetivos operaciones de la infraestructura.

“El nuevo reglamento solo toma en consideración el coste económico pero no el beneficio positivo que se supone aportará, pese a alegar que la razón es no afectar a los ciudadanos”, añadió.

En esta línea, reclamó que como parte “afectada” y “destinataria” los ciudadanos y la sociedad civil puedan participar, y exigir que las medidas contempladas se cumplan, pues actualmente el nuevo reglamento solo considera parte interesada a los operadores, fabricantes y Estados, por lo que solo estos podrán recurrir.

En su opinión, el nuevo reglamento parte de las presiones de los ‘lobby’ del sector aéreo, lo que también puede asociarse al uso de los ‘slots’ en función de la oferta y la demanda en las infraestructuras.