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La justicia permite a la asociación de vecinos La Unión regresar a su local

Algunos miembros de la asociación vecinal se reunieron el jueves a las puertas de la sede. / DA

LUIS F. FEBLES | San Juan de la Rambla

Una medida cautelar permite a la asociación de vecinos La Unión, en San Juan de la Rambla, regresar al local del colectivo tras el cambio de cerradura efectuado por el Ayuntamiento el 22 de mayo, por considerar el gobierno municipal que en dicho inmueble “se acosaba y limitaba la actividad de algunos grupos que allí ensayaban”.

En este sentido, los responsables de la asociación aseguran que “en ningún momento se presionó a nadie”. El auto judicial, dictado el 25 de este mes, indica que “se restablece el uso no exclusivo del local en compatibilidad y respeto con otros usos sociales como el de la Casa de la Juventud”. También refleja que “hay apariencia de que se trate de un bien de titularidad municipal, inventariado como dominio público y cuyo uso tolerado ha venido siendo disfrutado por la asociación”.

A manera de acto simbólico, algunos miembros de la asociación, a cuya cabeza se situaba su secretario, Jorge Hernández, se apostaron ayer a las puertas del local dando a entender que se trata de un recinto que tienen derecho a disfrutar y en el cual entrarán cuando el juzgado les envíe por escrito dicha autorización, ya que la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSOE), “no quiso atendernos y mucho menos dialogar sobre esta situación”.

Por su parte, la regidora municipal asegura que “el juez habla de uso tolerado del establecimiento y será el Ayuntamiento el que reglamente el fin que se le tenga que dar”. Así, apunta que “ahora dilucidaremos quiénes son los representantes legales de la asociación, ya que no se han presentado oficialmente. Luego nos informarán sus necesidades para regular el local”.

En busca del diálogo

Por contra, Hernández, reitera que “han sido continuos los despropósitos de la alcaldesa con nuestro colectivo. Tenemos todo en regla y aunque hemos intentado el diálogo con el grupo de gobierno, ha sido imposible y eso que se ha procurado”.

El portavoz vecinal se remite a septiembre de 2011 cuando “el Ejecutivo municipal procedió al cierre, con cañizo y hojas de palmera, de la puerta y las ventanas del local”, hecho éste, efectuado, según la alcaldesa, “porque estaba en mal estado y se trataba de un edificio que pertenecía al consistorio ramblero”.

A partir de ahí, “la asociación denunció el caso a la Guardia Civil y comenzó el litigio”, recordó Hernández.