Tribuna alta >

La mayor ONG del mundo > Antonio Alarcó

La propuesta del actual líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, no solamente es inmoral, sino también profundamente antisocial e injusta, y en breve podría reproducirse en todos los Ayuntamientos de España, impulsada por la dirección nacional del PSOE.

Con este debate, Rubalcaba hace una vez más objeto de su demagogia a la Iglesia, poniendo en tela de juicio la dedicación de una entidad que beneficia con su labor a los más desfavorecidos, obviando que tampoco pagan todo el IBI, por ejemplo, ni sindicatos ni partidos políticos.

Es interesante recordar que la Junta de Andalucía, gobernada durante décadas por los socialistas, debe 63 millones de euros por este impuesto a los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.

Lo vergonzoso es, justamente, que sean ellos quienes cuestionen ahora la pervivencia de esta exención y la vigencia del Concordato con la Iglesia Católica, y no durante los siete años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o los trece de Felipe González, de los cuales formaba parte Rubalcaba -presente siempre en todos los fregados-, que por cierto estudió en los Jesuitas.

El Estado español tiene otros tres acuerdos similares, con la religión evangélica, con la comunidad israelita y con la religión islámica, también exentos del pago de este tributo. De hecho, no se extiende a la totalidad de los inmuebles de titularidad de las mencionadas iglesias, sino a los afectos al culto y a los fines propios de dichas entidades.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, están exentos del pago del IBI, tanto los inmuebles de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, como los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos que establecen los respectivos acuerdos de cooperación de 1992, suscritos por Felipe González.

No obstante, los citados inmuebles también pueden estar exentos por aplicación de otros apartados de los acuerdos en vigor, o bien por lo dispuesto en la Ley de Mecenazgo, según la cual se exime del pago a los bienes de entidades sin fines lucrativos, excepto las explotaciones económicas no exentas del Impuesto de Sociedades.

Este beneficio, por tanto, es prácticamente total para cualquier confesión religiosa, en virtud de unos acuerdos que han sido objeto de reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sin que se haya encontrado cláusulas contrarias a nuestra Carta Magna. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha indicado que no se podría eliminar esta exención sin modificar los acuerdos en vigor.
Dejando las creencias de cada uno a un lado, la fórmula de colaboración existente con la Iglesia en materia económica no solo responde a los principios constitucionales en los que convergemos todos los ciudadanos, sino que funciona satisfactoriamente y cuenta con el respaldo de la sociedad.

Son muchos los beneficios que produce y muy positivo el efecto de esta colaboración, que pone en valor precisamente el trabajo de una Institución que se ha convertido en la Organización No Gubernamental más grande del mundo, con cerca de un millón de camas hospitalarias, comedores y sedes sociales de las que se hace cargo de forma gratuita. Debemos hacer lo imposible por apoyar a quienes desarrollan tan destacada acción, completada con una impagable aportación en el plano cultural.

El presupuesto que destina la Iglesia a obras de acción social y beneficencia rebasa los 20.000 millones de euros, muy superior a lo que tendría que aportar si tuviera que proceder al pago del IBI, que tan alegremente reclama ahora este sector del PSOE, que ni siquiera es mayoritario y que avergüenza a toda la sociedad.

Creyendo como creemos en un estado aconfesional, vemos digna de todo elogio la acción de centenares de personas anónimas que asumen desinteresadamente esta labor de voluntariado y participación social, de entrega gratuita a los demás, impulsada solo por sus principios éticos y la práctica del humanismo activo. Una demostración de amor al prójimo en toda regla.

Por eso, cuando contemplamos a quienes dicen indignarse por este trato a la Iglesia, recogido en tratados válidamente firmados por España, sólo nos queda pedirles responsabilidad hacia quienes están contribuyendo a mitigar tanto dolor.

La Iglesia y la familia son pilares básicos que mantienen a la sociedad actual, sectores castigadísimos durante dos legislaturas por el zapatero-rubalcabismo, tendencia minoritaria, créanme, en el socialismo español.

*Portavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla
alarco@tenerife.es
@aalarcoblog
www.facebook.com/antonio.alarco