Esta semana, el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, ha emprendido diversas iniciativas para solicitar al Gobierno de España que prorrogue la ayuda de 426 euros a los parados que hayan agotado sus prestaciones. Esta ayuda fue implantada por el anterior Ejecutivo socialista en septiembre de 2009 para paliar las dificultades que atraviesan los desempleados de larga duración, cuyo número ha crecido durante los últimos dos años.

Esta ayuda corre riesgo de ser liquidada por el actual Gobierno del PP, que usa su mayoría absoluta para arrasar sin miramientos con lo que haga falta con tal de ajustarse a unos planes de reducción del déficit que pasan por encima de las personas. Puede que 426 euros al mes parezcan una ayuda escasa, pero en estos momentos, para muchas familias, representan la última línea de defensa frente a la exclusión social, frente al riesgo de entrar en una fase crítica de pobreza.

Las condiciones adversas a las que se enfrenta la economía han derivado en una destrucción de empleo que, lejos de frenarse, avanza a un ritmo insólito, espoleada también por la reforma laboral del PP (parece ser que facilitar el despido, en vez de crear empleo, provoca más despidos). En estas circunstancias, crece el número de personas que llevan en el paro más de dos años, y el de familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Para el anterior Gobierno socialista, dar la máxima protección posible a estas personas fue una prioridad absoluta, y de ahí se adoptaron iniciativas como ésta cuya pervivencia ahora defendemos. Se trata primordialmente de una cuestión de humanidad, justicia y solidaridad, pero también de una cuestión de orden práctico.

El coste de no prorrogar esa ayuda excepcional acabará recayendo en las Corporaciones locales, especialmente en los Ayuntamientos, que son la primera puerta a la que acuden los ciudadanos cuando su situación se vuelve desesperada.

Los Servicios Sociales de los Ayuntamientos ya soportan una sobrecarga a la que cada día es más difícil hacer frente (sobre todo cuando el Gobierno de España da el serruchazo al Plan de Prestaciones Concertadas), y si se consuma la desaparición de la ayuda de los 426 euros va a ir a peor, por no hablar del sufrimiento y la espantosa deriva que pueden tomar los acontecimientos en el plano social.

Además, debe atenderse a la perplejidad de los ciudadanos, a los que hay que explicarles que no hay dinero para atender esta necesidad (como no lo hay para Sanidad o Educación), pero sí hay 20.000 millones para evitar la quiebra de Bankia, quiebra de la que nadie es responsable, según parece. 20.000 millones que ya estaban disponibles y comprometidos antes de que Europa viniera con 100.000 millones más para recapitalizar nuestro sector financiero.

Las prioridades de cada uno parecen más que claras. Donde los socialistas antepusimos a las personas, el Partido Popular ha puesto por delante a los bancos, que están siendo tratados con un mimo al que los ciudadanos, sometidos a sacrificios todos los días, no pueden ni aspirar. Todo lo más que pueden hacer los desempleados de este país es seguir el ejemplo de la ministra de Empleo, es decir, encomendarse a la Virgen, porque encomendarse a su Gobierno no les va a traer ninguna alegría.

*Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y consejero de Bienestar, Sanidad y Dependencia / Senador por la Isla