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Las 16 familias de La Incubadora, en pie de guerra

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Los vecinos han vuelto a colgar pancartas en sus inmuebles para denunciar la situación que padecen. / DA

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

Las 16 familias de La Incubadora se han puesto de nuevo en pie de guerra. El considerable retraso que vienen soportando para ocupar los pisos del nuevo edificio, construido en una parcela del barrio, no parece tener fin y temen que los 190.000 euros necesarios para llevar a cabo el derribo del inmueble que ocupan, dilate aún más este largo proceso.

En la reunión que celebraron en la tarde de ayer en la azotea del también conocido como albergue municipal, expresaron su malestar y su desesperación por ocupar sus nueva viviendas, un asunto que en el año 2008 llevó a la entonces ministra de Vivienda y al presidente del Gobierno de Canarias, a apoyar la construcción del nuevo edificio de reposición, para que los inquilinos pudieran abandonar un inmueble lleno de humedades y grietas.

Los afectados sopesan la posibilidad de pedir asesoramiento jurídico para evitar el pago de los alquileres que “nos impone el Ayuntamiento y que no podemos asumir, porque aquí hay familias que no tienen recursos”. Aunque el Ayuntamiento informó de la valoración de cada una de las situaciones familiares, los vecinos están convencidos de que “puesto que las pisos nuevos sustituyen a los antiguos, no entendemos por qué tenemos que pagar mucho más dinero”.

Asimismo, exigen al alcalde, Sergio Matos, que “dé la cara y nos diga cuánto tiempo más vamos a vivir en estas casas, que no están en condiciones de estar habitadas”.

Los vecinos de La Incubadora llevan años luchando por conseguir “una vivienda digna” y abandonar definitivamente un inmueble que fue construido en la década de los años 50.

Más de lo mismo

Pese a la inversión pública en el marco del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda, las 16 familias no han conseguido salir de La Incubadora. La ejecución del proyecto de construcción del nuevo edificio, al que también se mudarán 24 vecinos del barrio capitalino de Mirca, se dilató por la necesidad de llevar a cabo un modificado que supuso una nueva inyección económica de más de 400.000 euros.

El Ayuntamiento ha pedido en varios ocasiones una calma que a los vecinos se les ha agotado. Recuerdan que “somos nosotros los que vivimos aquí y soportamos humedades y estrecheces a la espera de poder mudarnos”.

Rivero, en 2008

Ya en el año 2008, meses antes de la visita de la ministra de Vivienda, el propio Paulino Rivero comprobó in situ la precariedad en la que viven estas familias palmeras, que le mostraron humedades, grietas y hasta habitaciones apuntaladas por riesgo de desprendimiento.

La portavoz de los vecinos de la promoción de viviendas de Timibúcar, Pilar Pérez Fernández, recordó que “llevamos esperando mudarnos no sólo los cuatro años que han pasado después de que hubiera dinero para el edificio, sino mucho antes, porque desde 1993 estábamos en muy malas condiciones”.