ENTREVISTA > NATALIA GARCÍA PÉREZ

“Las familias forman parte del sistema educativo”

García Pérez lleva un año y medio al frente de la Federación Insular de Ampas. / JUAN ARTURO SAN GIL (ACFI PRESS)

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

Al frente de la Federación de Padres y Madres de Alumnos de La Palma desde hace un año y medio, y presidenta de la AMPA del colegio de Miranda desde hace siete, Natalia García es especialmente crítica con la clase política por su falta de “coherencia” para aplicar recortes y propone un modelo de reivindicación que va más allá de las manifestaciones, y plantea la necesidad de reclamar el derecho constitucional a una educación gratuita y de calidad.

-Este año está siendo especialmente duro para la comunidad educativa insular por los recortes en educación, con varios conflictos abiertos.

“El frente más complicado es el CEO de Fuencaliente. Es un despropósito para el alumnado de la zona, para los padres y madres y para el propio municipio, la pretensión de eliminar el primer y el segundo ciclo de la ESO. Se toman decisiones de forma arbitraria en los despachos, sin conocer y sin prestar el mínimo interés por comprender las necesidades del alumnado y de esta zona, que, además del despoblamiento que viene sufriendo, ha sufrido un incendio y una riada que han mermado mucho sus conexiones. Otra preocupación es el mantenimiento de nuestro modelo de escuelas rurales y la eliminación de las subvenciones para la acogida temprana en los colegios, una medida que Paulino Rivero se sacó de la manga, además de la eliminación de las subvenciones para actividades extraescolares”.

-Es difícil mantener una actitud combativa. Más allá de las reivindicaciones frente a la Dirección Insular de Educación, ¿hay más margen de actuación?

“Las familias formamos parte del sistema educativo y tenemos un peso muy importante. No lo vamos a perder pese a los intentos reiterados por excluirnos. Los políticos de la Consejería se han reunido con los directores de los centros educativos pero no nos han convocado; tampoco conocemos personalmente -porque nunca nos ha recibido- al director territorial de Educación, algo inadmisible, y, por otra parte, después de una primera reunión con José Miguel Pérez, al que llamamos el hombre invisible porque sabemos que está pero nadie lo ve, se comprometió a realizar reuniónes con los representantes de los padres para consensuar algunas decisiones pero nunca más nos reunimos”.

-Los recortes económicos afectan directamente a las infraestructuras educativas. ¿Cuál es la obra qué más les preocupa por la posible falta de inversión?

“La infraestructura que más nos preocupa es el Instituto de Enseñanza Secundaria Alonso Pérez Díaz, en la capital, además de las obras de la unitaria de Botazo, porque ese centro está muy deteriorado y la actuación es imprescindible. Del Alonso Pérez Díaz sabemos que no se van a cumplir los plazos de ejecución de la obra, porque a la constructora le hablaron de un período de ejecución de en torno a los cinco años. Ya contamos con las excusas que llegarán bajo la denominación de modificado de proyecto”.

-Por otra parte, están las escuelas unitarias, que finalmente no saldrán perjudicadas para el próximo curso pero por las que ustedes siguen temiendo.

“La viceconsejera de Educación, Manuela de Armas, me ha asegurado que las unitarias en La Palma no se van a tocar. La impresión que tenemos es que, viendo que a los profesores itinerantes se les están recortando horas, el siguiente paso será el CEIP La Cuesta, que teniendo matrícula de niños pertenecientes a su zona de influencia, la Consejería los remite a un centro grande de referencia”.

-¿Qué mensaje puede trasladar a los padres y madres que se manifiestan públicamente y no obtienen respuestas?

“Los tiempos están cambiando y las formas de reivindicar también. Es momento para que los padres tomemos las riendas de la educación. A los políticos ya les da lo mismo que gritemos, piensan que nos cansaremos. Debemos recordar que a nuestros hijos que la Constitución les garantiza una educación gratuita y de calidad. Es la Administración Pública la que está incumpliendo esa parte del contrato”.