EUROPA PRESS | Madrid

Las sanciones para los gestores públicos que incumplan sus obligaciones es el elemento mejor valorado por los ciudadanos dentro del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno aprobada recientemente por el Ejecutivo, según revela el Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el pasado mes de mayo.

La ley obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. La norma impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.

Según el sondeo del CIS, un 34,4 por ciento de los españoles que han oído hablar del proyecto de ley considera este supuesto como la aportación más importante, seguido, con un 27,5 por ciento, del acceso a la información de las administraciones públicas por parte de los ciudadanos.

En cuarto lugar, los españoles destacan, en un 17,9 por ciento de los casos, que la futura norma establece principios éticos y de actuación obligatorios para los gestores públicos, mientras que sólo el 8,6 por ciento ve positivo que se aumenten las obligaciones de publicidad que deben cumplir las administraciones públicas.

Estas valoraciones han sido consultadas a sólo el 35,3 por ciento de la población que conoce el proyecto de Ley de Transparencia, ya que un 64,4 por ciento dice no haber oído hablar de él. En cualquier caso, de los que sí lo conocen más del 60 por ciento considera que la norma será bastante o muy positiva y el 29 por ciento la ven poco o nada positiva.