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Los Cabildos avalan los recortes y la subida fiscal, mientras el PP y NC se oponen

EFE | Santa Cruz

Los cabildos que asistieron hoy a la sesión de la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias (Tenerife, La Palma, La Gomera y Lanzarote) avalaron el proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales, en una sesión en la que tanto el PP como Nueva Canarias mostraron su oposición al mismo.

Este ha sido el primer trámite parlamentario del ajuste de 817 millones de euros propuesto por el Gobierno de Canarias ante el recorte presupuestario del Estado y que será examinado por la Cámara por el procedimiento de urgencia para que pueda entrar en vigor el 1 de julio.

El ajuste incluye una rebaja del 5 por ciento en el salario de los empleados públicos autonómicos junto a una subida del IGIC y del impuesto de combustibles, así como la creación de dos nuevas tasas a los grandes centros comerciales y entidades financieras y la recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otras medidas.

El proyecto de ley fue presentado ante la comisión por los consejeros de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, y de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, quienes señalaron que estas medidas son necesarias para cumplir el objetivo de déficit para 2012 (un 1,5% del PIB) y evitar así que la Comunidad Autónoma sea intervenida, lo que supondría recortes más severos.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, destacó la lealtad institucional y la solidaridad que han demostrado las corporaciones para ceder hasta 2016 la mitad de los ingresos adicionales que les corresponderían por la subida del IGIC.

Este gesto permitirá dedicar esos recursos a financiar los servicios públicos como sanidad, educación y políticas sociales, dijo.
Melchior precisó a los parlamentarios y al Gobierno de Canarias que los cabildos no son bancos, y por tanto hay que pagarles lo que se les debe.

La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, indicó que los cabildos entienden la necesidad del Gobierno canario de resolver una situación económica difícil por la reducción de los ingresos del Estado.

El proyecto de ley es un esfuerzo conjunto de las administraciones canarias para mantener los servicios públicos, según Guadalupe González Taño.

Consideró que ante la disminución de los ingresos públicos el gran reto es definir las competencias de cada administración, y alertó de que con el ajuste del Gobierno de Canarias se recorten servicios en las islas no capitalinas.

El presidente del Cabildo de La Gomera afirmó que el Gobierno de Canarias tiene que reducir aún más el gasto y aumentar la eficiencia, y también dijo que los cabildos han sido solidarios para que una parte del aumento de recaudación por la subida fiscal sea para atender los servicios básicos.

Curbelo pidió al Gobierno de Canarias que mejore la gestión del sistema retributivo.

El vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Luis Arraiz señaló que esta corporación ha entendido “la situación límite” del Gobierno de Canarias y la necesidad de mantener los servicios públicos.

En contra del ajuste se pronunció el PP, cuyo diputado Miguel Cabrera Pérez Camacho calificó el proyecto de ley de “bochornoso”, un “desastre” que es posiblemente inconstitucional, rompe el principio de igualdad e invade competencias del Estado.

Afirmó que el Gobierno de Canarias está creando tal cantidad de tributos que no tendrá recursos humanos suficientes para gestionarlo y vaticinó que habrá recursos de inconstitucionalidad.

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, afirmó que los recortes y las subidas de impuestos van a aumentar el desempleo y la recesión, porque no sirven para salir de la crisis.

También se mostró en contra de las prisas a la hora de legislar, con un proyecto de ley que se tramita por el procedimiento de urgencia cuando supone la modificación de decenas de leyes.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, justificó la urgencia de la ley por el retraso que hubo en los presupuestos del Estado debido a intereses electorales del PP.

Desmintió que haya habido improvisación, sino que se llevan meses negociando las medidas.