DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Las corporaciones insulares hicieron saber este martes al Gobierno de Canarias que han observado un error en el proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales, con el que se suben los impuestos y se recortan los gastos del Ejecutivo regional.

Durante su comparecencia en la Comisión General de Cabildos del Parlamento, los presidentes de Tenerife, Ricardo Melchior; La Palma, Guadalupe González, y La Gomera, Casimiro Curbelo, informaron de la existencia de una variación en el porcentaje de la distribución de la recaudación procedente del incremento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El texto que ha entrado en el Legislativo establece, para los cabildos y los ayuntamientos, el 26,82% en 2012, el 50,15% en 2013, el 25% en 2014 y el 36% en 2015. Sin embargo, el acta del acuerdo, firmado el 1 de mayo, pone un 27% en vez del 25%.

A la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, de 2003, se añade una disposición transitoria por la que, hasta 2016, los cabildos y los ayuntamientos dejarán de percibir la parte que les corresponde por el incremento del IGIC con el objeto de sufragar los servicios públicos básicos.

Aparte de esa discrepancia en la redacción, los cabildos presentes en la reunión -los ya mencionados más el vicepresidente cuarto del de Lanzarote- avalaron la ley de ajuste presupuestario al calificar de discriminatorio el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy con Canarias.

La sesión comenzó con las intervenciones de los consejeros de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández, y del de Economía y Hacienda, Javier González. El primero insistió en la limitada capacidad de maniobra del Ejecutivo canario ante la crisis. Enmarcó el proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales en los esfuerzos que realiza la Comunidad Autónoma para adecuar su presupuesto al obligado recorte de 800 millones de euros. Hernández resaltó que evitar las sanciones y una eventual intervención -como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria- es vital para mantener el autogobierno. En ese ejercicio de “responsabilidad”, resulta prioritario garantizar el empleo. Por ello, pidió a los empleados públicos que comprendan el sacrificio que supone la pérdida de poder adquisitivo a cambio de que no haya despidos en la Administración.

En lo que respecta a la presión fiscal, González reiteró que son soluciones difíciles pero irremediables. El consejero destacó que la recaudación, vía impositiva, solo supone el 30% del ajuste y rebatió la acusación de improvisación vertida desde la oposición (PP y NC), que ensayaron la defensa de sus respectivas enmiendas a la totalidad.

Por parte del grupo mixto, Román Rodríguez argumentó que los planes de austeridad deprimen la economía. En su opinión, la mayoría de los gobiernos de Europa practican la lógica del fracaso seguro. De ahí su absoluto convencimiento de que estas acciones de austeridad no van a servir para mejorar esta grave situación.

En un tono de dureza extrema, el diputado del PP Miguel Cabrera comentó que el Ejecutivo de Paulino Rivero tiene “menos credibilidad que el capitán del Costa Concorde”. De ladrillo tachó este “bochornoso” texto legislativo. Además, presagió que se van a presentar varios recursos de inconstitucionalidad.

Previamente, Melchior recordó que los cabildos no son bancos, por lo que las deudas “se pagan”. Al igual que sus acompañantes, el dirigente tinerfeño hizo hincapié en el gesto de solidaridad de las corporaciones locales con el Gobierno y con la sociedad canaria. Tanto Curbelo como González llevaron sus discursos al terreno de las islas periféricas para apelar al principio de la igualdad.

El pleno del 15 de junio votará las enmiendas de devolución, cuyo plazo de presentación finalizará el próximo lunes. El proyecto de aprobará el jueves 21.

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Solo tres de siete

Solo tres de los siete presidentes acudieron a la comisión General de Cabildos del Parlamento para debatir la ley de medidas administrativas y fiscales en lo que afecta a las corporaciones insulares. Uno que nunca ha faltado a una cita de estas características es el tinerfeño Ricardo Melchior. Junto a él se encontraban la palmera Guadalupe González y el gomero Casimiro Curbelo.

También estaba el vicepresidente cuarto del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez, en representación de Pedro San Ginés. Faltaban, por lo tanto, el grancanario José Miguel Bravo, el herreño Alpidio Armas y el majorero Mario Cabrera, presidente de la Federación de Islas (Fecai).

Una cuestión de orden planteada por el PP estuvo a punto de impedir la intervención de Arráez, que habló por cortesía de sus señorías.

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