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Mendoza dispuesta a la insumisión contra Sanidad por el copago

EFE | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, afirmó hoy que el Ministerio del área debería ser “sensible” y tener “un especial cuidado” con Canarias porque “estamos olvidados”, y se mostró dispuesta a que se la llame “insumisa” por defender los derechos de los canarios en su rechazo al copago.

Así lo manifestó la titular autonómica de Sanidad en el pleno del Parlamento regional, en el que mostró su absoluto desacuerdo con el copago porque el Gobierno regional “no quiere castigar a los enfermos y que se les penalice aun más pagando prótesis, fármacos y transporte”.

Mendoza acusó al Ministerio de premura e improvisación y señaló que se han presentado alegaciones para que se tenga en cuenta la insularidad en las medidas que desarrollan el Real Decreto Ley que establece el pago de determinados servicios sanitarios.

“Estamos olvidados y estamos saliendo muy caros al Gobierno, como dijo un alto cargo del PP, pero es que estamos alejados y no deben olvidarnos aquí abajo”, advirtió la consejera, quien expresó su preocupación por el posible efecto disuasorio que puede tener el copago sobre los enfermos, si abandonan la medicación.

El Gobierno canario está en contra del copago porque rompe las bases del sistema nacional de salud, añadió Mendoza, quien dijo que Sanidad está tomando medidas para minimizar los efectos perjudiciales del Real Decreto Ley con campañas informativas sobre la importancia de medicarse de forma adecuada.

La diputada del grupo Nacionalista Canario María del Mar Julios, que solicitó la comparecencia, reclamó al Ministerio “que aclare la hoja de ruta” y acusó al departamento de “imprevisión” y de “barbaridad” porque lo que hace es “una contrarreforma” del sistema nacional de salud “por debajo de la puerta”.

Julios pidió además a la consejera que, en la reunión que mañana tiene previsto celebrar el Consejo Interterritorial de Sanidad, pida que en el fondo de garantía se contemple el coste del transporte sanitario en Canarias, algo que nunca se ha previsto y que debería revisarse para tener en cuenta el sobrecoste que supone la prestación sanitaria en las islas.

Añadió aparte de tarjeta sanitaria y la historia clínica, los médicos van a tener que ver la cuenta bancaria de los pacientes para conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros, como pretende el Ministerio, cifra de la que dudó la exconsejera canaria de Sanidad.

La diputada del grupo Popular Mercedes Roldós afirmó que “desde el minuto uno” la Consejería canaria de Sanidad “se ha declarado en insumisión” contra las medidas “de obligado cumplimiento” que ha debido adoptar el Ministerio tras encontrarse “con un agujero sanitario de 16.000 millones de euros”.

Este agujero hace “inviable” el sistema nacional de salud, dijo Roldós, quien preguntó a la consejera si pretende que paguen los medicamentos las más de cien mil familias canarias que se han quedado sin derecho a la prestación por desempleo.

“¿No es más justo y razonable que los perceptores de pensiones más altas contribuyan?”, se preguntó la también exconsejera de Sanidad, quien acusó a Mendoza de que quien llega tarde es ella porque no ha pagado prótesis ni farmacias “y los ciudadanos canarios nos veremos sin derecho a medicamentos a partir de agosto porque se le acaba el crédito”.

El diputado socialista Jesús Morera consideró que las medidas no ayudan a sostener el sistema sino a su desmontaje y se preguntó si se ha dado cuenta el Ministerio del problema de salud pública que se puede organizar si se deja de tratar a inmigrantes irregulares y prostitutas.

Por ello pidió a la consejera que mañana en el Consejo Interterritorial de Sanidad “deje claro” el desacuerdo de Canarias con estas medidas y especialmente “el agravio” que implica el fondo de garantía asistencial, que a su juicio “muestra el desconocimiento sobre la doble realidad insular y geográfica”.

Román Rodríguez, diputado del grupo Mixto, se mostró contrario al Real Decreto Ley que pretende recortar gasto público de la peor manera posible, disminuyendo las prestaciones básicas de los usuarios de uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo.

Rodríguez dijo que es inaceptable que, por ejemplo, a tres enfermos de diálisis que compartan el transporte desde La Aldea de San Nicolás hasta un hospital de la capital grancanaria les puede suponer un desembolso de mil euros al mes, algo que sólo se entiende porque esta medida está hecha “por mesetarios” que no comprenden la insularidad.