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Nominalismo financiero > Juan Hernández Bravo de Laguna

El punto 14 de los 27 Puntos Fundacionales de Falange Española de las JONS establece: “Defenderemos la tendencia a la nacionalización del servicio de banca y, mediante las corporaciones, a la de los grandes servicios públicos”. El primer borrador fue redactado por Ramiro Ledesma, presidente de la Junta Política falangista, y después José Antonio Primo de Rivera lo modificó ligeramente. En esta orientación hacia la banca pública, compatible con la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, coincidía en parte la Falange con los movimientos totalitarios o autoritarios que entonces proliferaban en Europa, aunque todos ellos abundaban en la denuncia, más o menos populista y retórica, de la denominada plutocracia y los plutócratas, es decir, del gobierno de los detentadores o propietarios ilegítimos de la riqueza nacional.

En el otro extremo del espacio político, todos los partidos comunistas, incluyendo el español, defendieron siempre la nacionalización de la banca privada, en un marco de severas restricciones a la propiedad privada. Con algunas variantes, tipo húngaro o yugoslavo, esa fue la doctrina política aplicada sin excepciones en los Estados comunistas del centro y el este de Europa, y la que todavía se aplica en países como Cuba o Corea del Norte. Y esa fue la doctrina política y la política económica que fracasaron ineluctablemente y condujeron a la caída del muro de Berlín.

El hundimiento repentino de aquellos regímenes tuvo varias causas de variada naturaleza e intensidad, pero la primera y principal fue la causa económica. Los dogmas económicos marxistas naufragaron sin remedio y condujeron a esas sociedades a un callejón sin salida. Casi de un día para otro, sus Gobiernos se fueron desmoronando y, en muchas ocasiones, el poder quedó literalmente en la calle; y así se puso dramáticamente de manifiesto la desarticulación social y la ausencia de valores compartidos que ocultaban. Una desarticulación social y una ausencia de valores compartidos que han conducido a los regímenes autoritarios y las sociedades mafiosas que sufren países como Rusia, Bielorrusia o Ucrania, la flamante anfitriona de la Eurocopa de fútbol, en donde un poder dictatorial disfrazado de democrático y unos jueces cómplices persiguen y encarcelan a la oposición, en primer lugar a la ex primera ministra Yulia Timoshenko.

Una economía y una banca universalmente nacionalizadas, o intervenidas por la política y los políticos, han sido siempre en la práctica sinónimos de ineficacia e ineficiencia, de corrupción y despilfarro. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las Cajas de Ahorro españolas, durante tanto tiempo manipuladas a su antojo por los partidos y sus comisarios políticos. Por eso las fuerzas políticas liberales y socialdemócratas que gobiernan las democracias occidentales no se plantean en ninguna circunstancia una banca pública, y defienden -y sostienen- a la banca privada. Muchos ciudadanos se preguntan de buena fe por qué se está inyectando tanto dinero público en unas instituciones privadas cuya situación, en la mayoría de los casos, es producto de una mala gestión y unas decisiones cuestionables de sus dirigentes y gestores, cuando no de la simple corrupción. Y muchos ciudadanos no entienden las retribuciones y las indemnizaciones escandalosamente millonarias de esos dirigentes y gestores. Bankia, sin ir más lejos. La primera respuesta es que, o bien se trata de inversiones o préstamos que se recuperarán en el futuro, o bien esas entidades nacionalizadas serán vendidas con beneficio. Pero la segunda respuesta es que dejar caer a esas entidades implicaría el colapso del sistema.

Ahí tenemos la bancarrota de Lehman Brothers, que era el cuarto banco de inversión en Estados Unidos, a la que el Gobierno norteamericano abandonó a su suerte, cuya caída afectó en menor medida a su economía y que, sin embargo, está en el origen de la terrible crisis financiera que sufrimos los europeos. En otras palabras, la decisión de la Administración Obama se entiende mejor si consideramos que, precisamente, una de las causas de la crisis europea reside en la ofensiva que soporta el euro por parte del dólar y su entorno.

En ese contexto ha tenido lugar la intervención europea en la banca española. Una intervención que para algunos es un mero rescate, para otros una línea de crédito de cien mil millones de euros sin condiciones y para Mariano Rajoy “lo que pasó ayer”. Porque, más allá de sus causas y efectos, y más allá de la preocupante situación de la banca española, en demasiadas ocasiones el debate de estos días se ha centrado en una controversia puramente nominalista sobre la operación. No lo podemos evitar: somos deudores de una cultura nominalista en la que cambiar el nombre de la cosa cambia la cosa misma. Y, por otro lado, una vez más se ha puesto de manifiesto el fracaso de la política gubernamental de comunicación, ahogada por la preponderancia de medios de obediencia socialista e información panfletaria, sin excluir a Televisión Española.

España está intervenida de hecho desde hace meses, y “lo que pasó ayer” ha sido un rescate blando con condiciones menos onerosas que las sufridas en su día por Grecia, Portugal o Irlanda, unos países que, por cierto, a diferencia de España y visto lo visto, no tienen posibilidades de ganar la Eurocopa.