Se empecina el Partido Popular, ahora con una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso, en un Plan Integral del Turismo. El ministro Soria ha dicho que antes de terminar el presente mes estará listo. Los objetivos son claros: generar empleo de calidad y aumentar el número de visitantes y pernoctaciones. Claro que para ello es primordial poner en marcha políticas transversales de los ministerios implicados en la promoción del sector y eso ya es más complicado: sin entrar en profundidades, con la de restricciones que el Gobierno ha repartido, más que suficiente. Más aspiraciones del Plan: eliminar cargas (¿qué cargas?), revalorizar la marca España (pues no hay que hacer esfuerzos ni nada, con todas las tribulaciones que circulan) y apoyar a los emprendedores mediante políticas de crédito y líneas de préstamo, contando, por supuesto, con el respaldo de las comunidades autónomas. Especial interés a la formación especializada para mejorar la capacitación de atención y servicio, respeto al medio ambiente y recuperación o modernización de los destinos turísticos maduros son otras metas consignadas en este Plan.

Veremos cuáles son sus frutos. De los propios actores depende: los empresarios tienen el ministerio que querían; son condescendientes con su titular pese a algunas medidas que les han hecho fruncir el ceño de la desconfianza; los trabajadores y optantes saben que las expectativas tienen un horizonte reducido y las instituciones públicas tendrán que seguir a remolque a sabiendas de que las circunstancias obligan a una profunda revisión de los planteamientos estructurales y promocionales. El Plan no aporta especiales novedades sobre las conocidas acciones anteriores pero, al menos, responde a la oferta programática del partido gubernamental y pone a prueba su propia sensibilidad, su misma capacidad promotora y gestora.

Porque el turismo, con sus vaivenes y sus coyunturas, ha resistido los embates de la crisis. Su aportación al Producto Interior Bruto, principalmente en Canarias, sigue siendo significativa y hay que esmerarse, en todos los órdenes, para consolidar los niveles de competitividad que permitan cualificar la oferta y captar flujos de visitantes. En ese sentido, los propósitos deben estar acompañados de hechos: la reducción de hasta un 30 % en recursos para turismo advertida en los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de las tasas aeroportuarias en una media del 19 %, la reducción de un 25 % en el programa general del Imserso (determinante para hacer frente a la estacionalidad), la disminución de recursos específicos de promoción, la suspensión del Plan de paradores y la menor inversión en los planes de recualificación de los destinos turísticos maduros son factores que han coadyuvado a crear una cierta desconfianza y a teñir el sector de pesimismo, un estado que le ha caracterizado durante mucho tiempo, incluso cuando los vientos eran más favorables.

Los anuncios y los indicadores, ahora mismo, son inquietantes. Menos turistas, menor volumen de gastos y estancamiento tanto en inversiones públicas como en creación de empleo. De ese Plan Integral hay mucho que esperar y mucho que exigir. Que se sepa.