El Consejo de Administración de la Radio Televisión Canaria volvió a rechazar ayer el Plan de Actividades del ente público y sus sociedades para 2012, propuesto por el director del ente, Willy García. El acuerdo se adoptó con tres votos a favor (el del propio García y el de Honorio García Bravo, que votaba en su nombre y en el del alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, que no asistió) y con tres votos en contra (el de Miguel Guerra, de Nueva Canarias, y los de Larry Álvarez y Joaquín Ucelay, ambos del PP, y este último representado por Álvarez). No asistió ninguna representación socialista, dado que las dos plazas que ocupa el PSOE en el Consejo están hoy vacantes, ni tampoco el nacionalista Marcos Brito, alcalde del Puerto de La Cruz, pero enfrentado con Willy García hasta el extremo de haber asegurado públicamente que no volverá al consejo mientras García siguiera dirigiendo el ente. Con el empate, el plan no ha podido ser aprobado y tendrá que ser sometido a nueva votación en la próxima reunión del consejo. Si no se consiguiera tampoco entonces mayoría simple, para lo que se precisaría el voto favorable de Marcos Brito, o el de los consejeros socialistas de próximo nombramiento, el plan sería definitivamente rechazado.

La situación de tensión en el consejo, que se ha celebrado después de la derrota de García en la Comisión Parlamentaria de Control de la tele, en la que también se rechazó el plan, se ha agravado ante la decisión del director del ente de aplicar el plan de viabilidad sin pasarlo de nuevo por el consejo. Tras la reunión celebrada ayer en Las Palmas, los consejeros opuestos a la aplicación del plan pidieron un informe jurídico que avale su ejecución, entendiendo que no puede aplicarse sin la aprobación del organismo. García no está por la labor: entiende que los despidos y recortes y el cierre del segundo canal son decisiones emanadas del Gobierno regional, y por tanto de cumplimiento legal imperativo, que el consejo no está capacitado para frenar. La tensión degeneró en una suerte de escaramuza dialéctica entre García y los consejeros contrarios al plan, cuando éstos le pidieron formalmente información cierta sobre el sueldo que cobra, dado que las cifras ofrecidas por el director general al Parlamento parece ser no se corresponden ni con la verdad, ni mucho menos con lo aprobado por el Gobierno para sus propios miembros. Y es que García se negó también a ofrecer información sobre el montante de su sueldo al consejo. Debe cobrarlo también por imperativo legal.