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Recortes e impuestos (I) > Román Rodríguez

Recortes e impuestos. O, si lo prefieren, impuestos y recortes. Los dos están a la orden del día, como principales productos de las políticas de estabilidad y de los planes de ajuste que vienen aplicando numerosos estados como respuesta -podría añadir que injusta y escasamente exitosa- a la crisis económica, entre ellos España. Que tienen luego su concreta aplicación en las distintas comunidades autónomas. Y sus consecuencias, las estamos viendo: aumento del paro y de la población empobrecida, así como deterioro de los servicios públicos.

Medidas que van a suponer que en este ejercicio presupuestario de 2012 se detraigan más de 46.000 millones de euros de la economía española para ajustar el déficit, entre los recortes efectuados por el Estado y los correspondientes a las comunidades autónomas (CCAA). Lo que va a profundizar en la recesión económica de aquí a final de año, con la consecuencia de más destrucción de empresas y crecimiento del desempleo hasta alcanzar, con seguridad, los seis millones de parados. Aumentando, asimismo, la gente situada bajo el umbral de la pobreza que, según distintas ONG, ya supera el 25% de la población.

Más en Canarias

En Canarias esta situación es aún más grave. Con más de 362.000 (32,28%) parados según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre, que pueden llegar a los 400.000 antes de finalizar el presente año; con más de 120.000 desempleados que ya no reciben ningún tipo de prestación y con niveles de pobreza sensiblemente superiores a la media estatal.

El Gobierno canario ha recortado 2.280 millones de euros entre 2009 y 2011, que han afectado mucho a Sanidad y Educación y a las inversiones. Ahora van a reducir 800 millones más. Las razones de esta negativa situación son fundamentalmente tres: una mala financiación autonómica, unos Presupuestos canarios mal dimensionados y el castigo que recibe el Archipiélago en los PGE.

En primer lugar, la financiación autonómica firmada por el anterior Gobierno canario, con Rivero y Soria al frente, con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Una financiación que, en solitario, denunciamos (como sucedió con el Plan Canarias) y que hoy todos reconocen que deja a Canarias 600 millones de euros anuales por debajo de la media del conjunto de las comunidades de régimen común.

En segundo lugar, unos Presupuestos de Canarias para 2012 con previsiones de ingreso desmesuradas. En su debate ya advertimos al Gobierno que las cuentas públicas canarias se hacían en un equivocado análisis de la evolución de la crisis; que no se sustentaban sólidamente y que el hachazo de las partidas que Canarias recibe del Estado harían modificarlas en pocos meses. Y que convenía, en consecuencia, adoptar ya una serie de medidas para atemperar el efecto de esos recortes y de la pérdida de ingresos, para poder garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Por eso señalábamos que era imprescindible una persecución contundente del fraude fiscal. La economía sumergida en Canaria supone el 28,7% del PIB, es decir más de 11.600 millones de euros, 5,4 puntos por encima de la media estatal y duplicando ampliamente la europea (12%). Reduciéndola solo en 10 puntos del PIB permitiría recaudar 1.530 millones para el conjunto de las administraciones que operan en Canarias.

Así como incrementar los ingresos fiscales competencia de Canarias, mejorando la progresividad fiscal. Mediante la modificación del tramo autonómico del IRPF, la reposición del de Sucesiones y el mantenimiento del de Patrimonio, así como el incremento del impuesto sobre combustibles de los carburantes no profesionales y tocando algunos tipos del IGIC.

Y, en tercer lugar, unos Presupuestos Generales del Estado que nos maltratan. Con una reducción de 400 millones en el fondo de suficiencia de la financiación autonómica, destinado al desarrollo de las políticas en Educación, Sanidad o Servicios Sociales. Con una bajada del 70% en carreteras y obras hidráulicas. Con la desaparición del Plan de Infraestructuras Educativas. Reduciendo a la mitad las ayudas al transporte de mercancías.

Ley de Medidas

Para solventar estas circunstancias de las que ya estaba advertido, el Ejecutivo canario ha recurrido a subir impuestos y a implementar nuevos recortes, a través de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, a la que hemos presentado una enmienda a la totalidad y que va a suponer recortar 563 millones de euros del gasto aprobado en los Presupuestos de la Comunidad Canaria. Una Ley que saca por el procedimiento abreviado y de urgencia, con nulo consenso social y político y generando un enorme malestar entre los empleados públicos y diversos sectores de la economía canaria.

Con una subida de impuestos tardía y poco reflexionada que puede afectar negativamente a la ciudadanía y a su capacidad de consumo, así como a las empresas.

Desde Nueva Canarias consideramos que había que elevar los impuestos, pero planteamos que estos debían afectar, fundamentalmente, como he señalado, a las rentas más altas, en el caso del IRPF; y al consumo de bienes de lujo, en el caso del IGIC, entre otras medidas. No es de recibo el 50% de incremento del IGIC reducido, que afecta a los alimentos básicos, mientras que el que grava los artículos de lujo lo hace solo en un 10%. Y junto a los impuestos, recortes. Que afectan, fundamentalmente, al capítulo 1 de los Presupuestos, de más de 222 millones de euros, y que suponen una nueva bajada salarial para los funcionarios del 5%, que al aplicarse a partir de junio pero con efecto retroactivo será del 10%. Una situación injusta que castiga a los empleados públicos.

De ese recorte a la masa salarial de los funcionarios saldrán 112 millones. Y otros 110, pese a sus actuales discursos, de la eliminación de empleo público no cubriendo sustituciones, así como por jubilaciones y no reposición de las plazas que queden vacantes, perjudicando al empleo -unos 3.100 efectivos menos- y a la calidad de los servicios públicos, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas. Además, se reducen otros 222 millones en inversiones (cuando más se precisan)y 121 en gastos y transferencias corrientes. Estimándose en 250 millones lo que pretenden recaudar con las nuevas figuras impositivas y la elevación de impuestos, tema absolutamente improbable por la creciente contracción de la economía y el menor consumo, en una sociedad con más desempleo, así como con menos ingresos de trabajadores públicos y privados. En un segundo artículo analizaré de forma más detallada la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que, en mi opinión, solo contribuirá a deprimir más la economía y a generar desempleo.

*Diputado en el Parlamento Autónomo y presidente de Nueva Canarias