Decía en un primer artículo que las políticas económicas del Gobierno central y del Ejecutivo canario se basaban en recortes e impuestos, y que sus resultados estaban a la vista: una economía paralizada, crecimiento constante del desempleo y deterioro de los servicios públicos. La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales en trámite en el Parlamento -y a la que Nueva Canarias ha presentado una enmienda a la totalidad y numerosas enmiendas parciales- y que el Gobierno canario remitió para su debate por la vía de urgencia y por procedimiento abreviado, persiste en esa misma línea. Se trata de un extenso texto que modifica decenas de leyes, realiza cambios en la estructura administrativa de la Comunidad, reduce salarios de los empleados públicos y elimina miles de puestos de trabajo, así como incrementa impuestos, crea nuevas tasas y nuevos impuestos.

En la práctica supone una autoenmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Canarias para 2012 aprobados hace seis meses: elimina 800 millones de ingresos, da de alta a 250 nuevos millones de ingresos y recorta 564. La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales supone, en primer lugar, recortes muy duros en las administraciones públicas, que se suman a los 2.280 millones de recortes de los dos años 2009, 2010 y 2011. A los empleados públicos se les rebaja, una vez más, su salario (en un 5%), lo que implica un ahorro de 109 millones de euros. Son más de 62.000 personas que verán nuevamente reducidos sus ingresos, lo que genera desmotivación y repercutirá en su nivel de consumo y, por tanto, en la economía y en la propia capacidad de recaudación de las administraciones públicas.

Además, otros 113 millones de reducción también están previstos en el capítulo 1, el de personal, por lo que, pese a que lo nieguen, se producirá destrucción de más de 3.000 empleos, a través de la no contratación de interinos y sustitutos, no cubrir las bajas por jubilación o fallecimiento y, también, realizar despidos, especialmente en las empresas públicas. Asimismo se reducen 120 millones en gasto corriente, que influirá en el funcionamiento de los sistemas sanitario y educativo. Y se eliminan 221 millones de euros en inversión y se elevan los impuestos para tratar de recaudar 250 millones, justo en el peor momento, con la economía de nuevo en recesión.

Lo que está sucediendo no es fruto de la casualidad, sino de distintas decisiones políticas. En primer lugar, de unas políticas europeas erróneas, obsesionadas con el déficit público y que se han olvidado del estímulo y del crecimiento económico. Que han culpado al excesivo gasto público, cuando ha quedado confirmado con el rescate español que el problema es, esencialmente, financiero. El problema no es la deuda pública, sino el enorme endeudamiento privado de empresas y familias y, por ende, del sistema financiero.

En segundo lugar, influyen las equivocadas rebajas fiscales puestas en marcha. Recuerden cuando Zapatero dijo que bajar impuestos “es de izquierdas”. Y lo puso en práctica, reduciendo los tipos del IRPF, bonificando al 100% el Impuesto de Patrimonio y bonificando el impuesto de sociedades. Tan ‘de izquierdas’ que Soria también lo aplicó en Canarias, con un 99,9% de bonificación del de Sucesiones y Donaciones. En tercer lugar, sufrimos las consecuencias de una injusta financiación autonómica -en la que tienen responsabilidades CC, PSOE y PP, pues fue firmada por el Gobierno de CC y PP de la pasada legislatura con el Ejecutivo central de Zapatero- que coloca al Archipiélago 600 millones de euros anuales por debajo de la media estatal.

En cuarto lugar, es también determinante el tratamiento negativo que recibimos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) , que incumplen el REF -aunque el ministro Montoro lo niegue por desconocimiento o, mucho más probable, por falsear la realidad del maltrato a esta tierra-, al estar muy por debajo de la media de inversiones de las comunidades autónomas. Unos PGE de 2012 que han supuesto un 70% de reducción en inversiones en las Islas, la desaparición del Plan de Infraestructuras Educativas y una disminución significativa de las ayudas al transporte.

Y, en quinto, unos Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2012, con previsión de ingresos infladas y sin atreverse a tomar medidas fiscales cuando correspondía. Nueva Canarias planteó en el debate de las cuentas públicas canarias que esto iba a suceder y que era preciso tomar decisiones, desde un mayor combate contra el fraude fiscal a un incremento selectivo y progresivo de una serie de impuestos. No nos hicieron caso. Y ahora, con retraso, toman decisiones de subidas mucho más drásticas, sin medir las consecuencias sobre la economía y la equidad fiscal. El Gobierno canario lo hizo así para poder escudarse en la responsabilidad de Madrid en estas impopulares medidas; comportamiento similar al de un Gobierno central que, por puro electoralismo, aplazó su enorme tijeretazo a las cuentas públicas hasta después de celebradas las elecciones andaluzas y asturianas.

Unas decisiones, las del Ejecutivo canario, tomadas además sin participación, sin consenso y sin medir el impacto en la economía ni en la equidad. Para semejante viaje no hace falta un Gobierno sino un contable que ajuste lo que le manden.

¿Es posible aplicar otras medidas? Estoy convencido de que sí. Por ejemplo, subiendo el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas con beneficios superiores a un millón de euros anuales. Luchando de manera efectiva, como señalaba, contra el fraude fiscal.

Con una nueva política fiscal verdaderamente progresiva, que haga tributar más a los que más ganan. Y no tocando los tipos del IGIC reducidos del 0 y del 2% (este último incrementado por el Gobierno al 3%), a sabiendas de que afecta a productos básicos de alimentación y otros de primera necesidad. Y con relación a los impuestos medioambientales creemos que se improvisa y mucho. Somos favorables a los mismos, desde la premisa “el que contamina paga”, y con la finalidad de preservar el medioambiente; no, como ocurre en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, por un puro afán recaudador. En definitiva, creo que cabían otras alternativas, otros tiempos y otras formas para poner en marcha las medidas. Que el Gobierno canario ha actuado tarde y de manera harto improvisada. Sin consenso social ni político. Castigando, una vez más, a los empleados públicos y deteriorando a los servicios públicos esenciales. Imponiendo un conjunto de medidas, de recortes e impuestos, que, en mi opinión, tendrán un efecto muy negativo en la economía y en el empleo.

*Diputado en el Parlamento Autónomo y presidente de Nueva Canarias