Las recientes medidas de reformas sanitarias impuestas por el Gobierno Español, principalmente las derivadas por el Real Decreto Ley 16/2012, van a marcar un antes y un después en nuestra concepción del modelo sanitario. Quizás lo que mejor defina lo que va a ocurrir es un titular que leí recientemente: “Se acabo el modelo sanitario que hemos conocido”, y aquí debemos recordar un dicho muy nuestro: “sólo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos”.

La percepción de muchos es que nuestro sistema sanitario retrocede 30 o 40 años; se vuelve a hablar del asegurado y no del paciente; a perder la universalidad; a la desigualdad en la prestación sanitaria; a permitir que el mercado, que siempre encuentra por sí mismo un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, genere las mayores inequidades a muchos de nuestros ciudadanos, volviendo a tiempos inmemoriales, incluso antes de nuestra reciente etapa democrática.

Sin olvidar que nuestro sistema sanitario resulta muy bien valorado por parte de la población, los profesionales de la salud entendíamos que era necesario acometer una serie de reformas, porque el modelo que conocemos, por diferentes razones y circunstancias, empezaba a ser insostenible.

Pero también pensábamos que estos cambios tenían que venir de la mano del consenso, porque si entre todos lo habíamos llevado a la situación actual, era lógico pensar que todas las partes teníamos que negociar para reconducir el sistema y, sobre todo, garantizando la universalidad de su prestación.

¿Qué nos ha pasado en sólo unos meses para este revés tan grande? Desde mi punto de vista las decisiones vienen forzadas por los “mercados”, de forma pura y dura, y por una política dirigida desde fuera de España, que ha impuesto unos ajustes económicos que nos están asfixiando, sin tener en cuenta absolutamente a las personas.

Un claro ejemplo de lo que comento viene dado por lo que sucedió con la aprobación de los presupuestos generales del Estado español, que nada más ser aprobados en el Consejo de Ministros fueron remitidos para su visto bueno por el propio ministro de Economía y Hacienda no al resto de fuerzas políticas que componen el Congreso de los Diputados, sino a Bruselas.

Hemos pasado, entonces, de un gobierno socialista en España, paralizado quizás por el miedo a los cambios que se hacían cada vez más necesarios, a un gobierno popular desmedido, sin frenos y a lo loco, que improvisa medidas sin calibrar las consecuencias y las pérdidas del bienestar que éstas conllevan. Más parece el camino a la privatización, no tan sólo de la prestación, sino además de su aseguramiento.

En Canarias, el castigo es doble. El Estado Español nos ha castigado económicamente sin tener en cuenta no solo el esfuerzo en el control del déficit realizado en estos años por nuestra comunidad, sino tampoco las dificultades que nuestra condición archipielágica y ultraperificidad implican; y en este punto recuerdo que la media de gasto sanitario por población es mucho menor que la media española. Con los nuevos presupuestos con los que nos condena el Gobierno del España ya creo que no somos ni mileuristas…

Y aquí debo subrayar la cantidad de dudas que deben tener las comunidades autónomas, independientemente de quien gobierne, de cómo se deben afrontar las medidas expuestas en el Real Decreto Ley.

De entrada, la consideración del sistema sanitario único desaparece de un plumazo. De hecho, si ya en los últimos años la sanidad en España no se aplicaba de forma uniforme, con la nueva norma comenzamos a comprobar cómo ya determinadas comunidades autónomas están implantando políticas privatizadoras en la atención sanitaria, y no es porque no considere necesaria la asistencia sanitaria privada; al contrario, creo que es imprescindible, pero siempre desde el punto de vista de la complementariedad que debe prestar a la asistencia pública, siendo ésta última por la que apostamos firmemente.

A partir de ahora habrá 19 modelos sanitarios que adaptarán su sistema sanitario a sus posibilidades económicas y contractuales, sin tener en cuenta criterios poblacionales, demográficos, sociales, económicos…

Ya no hablaremos de objetivos sanitarios, sino de objetivos económicos y eso era lo que nos diferenciaba de muchos países: en nuestro sistema público primaba la vida y la salud de las personas; a partir de ahora lo primero es ver si cotizas o no y en qué medida lo haces; si tienes papeles o no; y después… ya veremos.

Y todo esto con la paradoja de que el pasado septiembre se aprobó la Ley de Salud Pública, en la que, entre otras muchas cuestiones, se reconocía definitivamente la universalidad de la prestación sanitaria, incluyendo en ella al colectivo de ciudadanos que carecía de cobertura laboral que les amparase.

Somos conscientes de que ha habido un abuso por parte de determinados colectivos de las coberturas sanitarias. Comparto que el “turismo sanitario” debía frenarse, pero no tiene justificación que a partir de ahora determinados grupos de población queden desprovistos de esa asistencia sanitaria.

Tampoco estoy de acuerdo en que en estos momentos se diga que los inmigrantes van a generar problemas de salud pública de primera magnitud porque “importan enfermedades”; no estaba de acuerdo con ese concepto marginal en épocas de bonanza, ni lo estoy ahora.

Además, están abocando a estas personas a hacer un uso inadecuado, más aún si cabe, de los recursos de urgencias, que conllevará un problema añadido a este recurso imprescindible de nuestro sistema.

Por si fuera poco, los mayores de 26 años que no hayan cotizado, y en este punto recuerdo que nuestra comunidad tiene un índice elevado de paro en este tramo de edad, quedarán fuera de las prestaciones sanitarias. ¿Saben lo que eso significa?…

Asimismo, estoy particularmente preocupado por una cuestión que se ampliará definitivamente tras la reforma y que, en parte, ha pasado desapercibida: la desigualdad.

En los últimos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que las desigualdades suponen uno de los principales problemas de los Sistemas Sanitarios, en tanto en cuanto dichas desigualdades provocan las mayores dificultades que se perciben de cara a lo que se conoce como salud integral.

El Sistema Sanitario Nacional, hasta ahora, era solidario, quizás no equitativo, pero no medía la disponibilidad económica a la hora de atender a quienes lo necesitaban.

Además, sin querer soslayar cuestiones como la inversión en formación, investigación y desarrollo, que ha disminuido drásticamente, o las políticas de prevención del SIDA o de enfermedades reemergentes, en las que el tijeretazo supone más de un 50%.

En cualquier caso, no podemos dejar de asumir nuestras responsabilidades, no vale decir que no estás de acuerdo y adoptar posturas que nos lleven a reventar definitivamente el Sistema. Hace seis meses el electorado le dio la mayoría absoluta al Partido Popular para que diera un cambio a lo que en los últimos años se venía haciendo y, por lo tanto, toca pedirles que desarrollen ese cambio, pero sin dejar de acometerlo tal como lo prometieron; es decir, sin dañar la prestación sanitaria y la educativa.

Tenemos, entre todos, que reconducir la situación, priorizando realmente nuestras preocupaciones y no pensando en lo que a terceros, muy lejanos, les interesa.

Por último, sólo quiero hacer constar que me dan pena, lástima o no sé cómo definirlo algunas declaraciones recientes solicitando un “Pacto por la Sanidad”.

En nuestra comunidad hace unos años intentamos llegar a un pacto por la sanidad y se dio la espalda a dicha iniciativa. Hay algunos que sólo se acuerdan, o se olvidan por aquello de la deuda sanitaria, de las cosas cuando están en el poder; pero no se dan cuenta de que pactar es negociar, es llegar a acuerdos y, efectivamente, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y todos aquellos aspectos que conforman el Estado del Bienestar social deben necesariamente de salir del interés partidista y entrar en el del consenso social. Pero, señores míos, lo que están haciendo actualmente es todo menos eso.

*Secretario sectorial de la Comisión de Sanidad de CC de Tenerife