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Rivero dice que no está dispuesto a “cruzarse de brazos” y que la batalla “acaba de comenzar”

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, conocidos los últimos pronunciamientos judiciales que autorizan las prospecciones en aguas del archipiélago, ha dicho que no está dispuesto a “cruzarse de brazos” ante lo que constituye “un atropello y una agresión al sentido común y al interés general de las islas”, y ha advertido de que la batalla “acaba de comenzar”.

En su blog personal, Paulino Rivero ha señalado que el Ejecutivo autonómico, el Parlamento, los cabildos, los ayuntamientos, colectivos y asociaciones están “más unidos, más fuertes y más firmes” que hace una semana, una unidad que considera “imprescindible” para evitar que las prospecciones petrolíferas amenacen “seriamente” el modelo económico, la biodiversidad y el futuro de Canarias.

Rivero ha incidido en que el auto del Supremo ha hecho que la sociedad canaria se sienta “aún más firme” en la defensa del mar y de sus derechos, por lo que ha querido dejar claro que el Gobierno, el resto de instituciones y colectivos van a combatir “con todas las herramientas a su alcance” una decisión “claramente contraria” a la voluntad de Lanzarote, de Fuerteventura y de Canarias; una decisión que requiere “una respuesta tan meditada como contundente, tan responsable como valiente, tan firme como razonada”, pues “está en juego el futuro de Canarias y con Canarias no se juega”, recalcó.

En este sentido, ha anunciado que la Comunidad Autónoma promoverá cuantas acciones jurídicas y políticas sean necesarias para ganar “el pulso” que el Estado y Repsol “está echando a todos los canarios despreciando al Parlamento y a las principales instituciones del archipiélago”, y ha añadido que los acontecimientos judiciales de los últimos días han dado “más fuerza para seguir luchando”. “Si alguien está pensando que los canarios nos vamos a rendir, se equivoca”, recalcó.

Paulino Rivero ha indicado que mientras el PP canario “defiende los intereses de Repsol y de sus accionistas”, el Ejecutivo que preside y las principales instituciones del archipiélago defienden “los intereses de las islas y de sus ciudadanos”. “Gobierno, Parlamento, cabildos y ayuntamientos estamos del lado de los ciudadanos. Son otros los que tienen difícil –o imposible– explicar lo
que están haciendo”, agregó.

Entrevista europea

Respecto a la entrevista que mantuvo este viernes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Andris Piebalgs, el presidente de Canarias ha dicho que ha servido para poner sobre la mesa la “oposición unánime” que hay en las islas a las prospecciones petrolíferas por la posible vulneración de las leyes medioambientales comunitarias y por su incompatibilidad con el desarrollo de las islas.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo canario presentará la próxima semana una queja forman ante la Comisión Europea ante la “flagrante vulneración” del derecho comunitario en lo que se refiere al artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, que estipula la obligación de redactar informes de impacto allí donde se puedan ocasionar daños al medio ambiente.

Rivero ha destacado el compromiso “expreso” del comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la normativa comunitaria y su disposición a analizar el expediente, de ahí que se haya mostrado convencido “incluso más que antes” de que “la batalla se puede ganar y de que se pueden parar las prospecciones”.

“No podemos permitir que se concrete una agresión medioambiental que comprometa el futuro de ésta y de las próximas generaciones, que ponga en peligro el sector turístico, que con sus aciertos y desaciertos ha contribuido al bienestar y progreso del archipiélago”, apuntó, para añadir que el riesgo de una actividad petrolífera es “mucho” y sus beneficios son “pocos o nulos”.

En consecuencia, ha insistido en que “no bajará la guardia” y “seguirá luchando desde la unidad” contra una decisión que “pone en riesgo” el futuro de Canarias y que “al calor de promesas insostenibles sólo esconde el objetivo de defender el beneficio de una multinacional aún cuando el precio sea sacrificar a toda una Comunidad Autónoma”.