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A la espera de las decisiones del Banco Central Europeo> Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

¿Es posible que una simple frase de 15 palabras sea capaz de impulsar la Bolsa hacia la mayor subida del año y ayudar a que la prima de riesgo (la rentabilidad que exigen los inversores a España para comprar nuestra deuda soberana en comparación con lo que exigen a Alemania) baje medio centenar de puntos? Los hechos han demostrado que sí. Bastó que el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, explicara en Londres, durante un encuentro con inversores, que estaba listo para hacer “todo lo necesario a fin de preservar el euro” para que los mercados internacionales reaccionaran inmediatamente. En España la maldita prima de riesgo bajó medio centenar de puntos y el índice bursátil registró la mayor subida en dos años. Un día después, Merkel y Hollande anunciaron al unísono, tras una videoconferencia, que están dispuestos a hacer “todo” en defensa de la eurozona. Esta buena disposición las complementaron instando a las instituciones y los Estados a “cumplir con sus obligaciones dentro de su ámbito de competencias”.

Pero tan importante como estas afirmaciones públicas de buenas intenciones y nada más -porque nada se dijo de lo que se va a hacer ni cuándo- fue la declaración que arrancó el ministro De Guindos a sus colegas alemán, Schäugle, y francés, Moscovici, referida a la necesidad de un rápido cumplimiento de los acuerdos de la última cumbre europea sobre integración fiscal y bancaria en la eurozona. También destacó, obviamente, la determinación de superar la actual crisis financiera y de confianza abriendo la puerta a dos posibilidades: que los fondos de rescate, previa licencia bancaria, compren deuda española e italiana en el mercado primario, o que el BCE lo haga en el mercado secundario condicionando su actuación a que los gobiernos beneficiados se acojan a un programa similar al de rescate, incluyendo vigilancia comunitaria y medidas fiscales.

Aun así, los analistas no creen, ni mucho menos, que se cierre así, de pronto, ni siquiera a medio plazo, la crisis del euro o la de los países con mayores problemas de deuda, casos de España e Italia, dadas las necesidades de financiación, la falta de liquidez y los reiterados incumplimientos sobre déficit público de ambos países. En el lance español se trataría de ganar tiempo para, por una parte, continuar con el programa de ajuste y de reformas estructurales que pueda contribuir a facilitar la salida de la crisis y evitar el rescate del país, y por otra, obtener liquidez en los mercados en mejores condiciones que hasta ahora, con la prima de riesgo disparada al alza. Con esta liquidez se podría hacer frente a la refinanciación de la deuda de unos 70.000 millones de euros que vencen de aquí a fin de año (Italia debe refinanciar en ese periodo nada menos que 180.000 millones de euros). A finales de julio, el Estado apenas dispondrá de 30.000 millones de euros para poder hacer frente a los gastos corrientes previstos hasta octubre, a razón de unos 10.700 millones mensuales. Por esta razón se pidió a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que adelantaran los pagos por el IVA.

Pero si el anuncio, sin más detalles, de un compromiso de las autoridades europeas y el BCE con el euro es capaz por sí solo de insuflar ánimos y cambiar tendencias, ¿por qué han esperado tanto Dragui, Merkel y compañía en comprometerse con la moneda única y, de paso, apoyar a España e Italia que sufren, con altísimos pagos de intereses por sus deudas soberanas, los ataques despiadados de los mercados? ¿No será que la propia Alemania, y con ella sus aliados incondicionales -sobre todo Austria, Luxemburgo y Holanda-, estaban ya en el ojo del huracán de los especuladores por un eventual efecto contagio de sus deudas respectivas si España o Italia, o ambos países, acabaran siendo intervenidos? ¿Las aparentes dificultades de algunos grandes bancos alemanes y la amenaza de la agencia de calificación Moody’s de colocar en perspectiva negativa la deuda de dichos tres países y rebajar la nota para los fondos europeos de estabilidad tiene algo que ver con la diligencia de Draghi y Merkel? ¿La declarada situación de alerta en que se colocó la propia Italia ante los ataques a su deuda guarda también alguna relación con el caso?

Lo digo porque ha bastado que se dieran esas circunstancias para que nuestro país, aunque sea momentáneamente, haya recobrado la respiración después de meses en los que tanto el BCE como Alemania y, desde luego, los mercados, le colocaran en una situación insostenible -prácticamente a punto de rescate, aunque fuera light- al negarle todo tipo de ayudas y obligarle a endeudarse a tipos de interés leoninos. Vamos a ver con el inicio de esta semana cuáles son esas medidas del BCE que insinuó su presidente y en qué medida van a repercutir sobre la economía nacional. La cuestión no me parece menor a la vista de la actual recesión, fruto de tanto ajuste y tanta ausencia de políticas más pragmáticas aplicables por otras vías que no sean la asfixia de los ciudadanos y la contracción del consumo; una asfixia que aún le parece poco al Fondo Monetario Internacional, que hasta sugiere nuevas subidas del IVA y más recortes sociales. ¡Como si no fuera bastante lo que ya está en marcha!

En el plano interno, la situación sigue muy complicada e incluso se ha agravado con los datos referidos a paro, rescate de comunidades autónomas -con Valencia, Murcia y Cataluña ya alineadas-, ausencia de cualquier intento de pacto sobre las grandes cuestiones nacionales y las anunciadas dificultades para la trasposición política y técnica a la legislación española de las directrices contenidas en el Memorando del rescate bancario. En Cataluña, con una deuda reconocida de 42.000 millones de euros llevada a la categoría de bono basura, la situación puede llegar a ser explosiva si la Generalitat mantiene su desafío con la persistente solicitud al Gobierno del Estado, respaldada por el Parlamento, de un nuevo pacto fiscal, pese a la dificilísima situación económica del país y a las dificultades financieras del Principado. Incluso el presidente Mas se ha permitido lanzar un órdago: no permitirá que el Estado meta mano política en las cuentas catalanas. O sea, la UE puede controlar a España y exigirle condiciones para las ayudas que recibe y España no puede hacer lo propio con sus comunidades autónomas.

Si Cataluña se acoge al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se supone tendrá una dotación de 18.000 millones de euros, incluyendo las aportaciones del organismo de Loterías y Apuestas del Estado, habrá de atenerse a las directrices que emanen del Ministerio de Hacienda. No se trata de una intervención del Estado en toda regla, pero según el real decreto ley de 13 de julio referido a las medidas de liquidez de las Administraciones públicas, “la comunidad autónoma se someterá a los principios de prudencia financiera que se fijen por resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera” y sus condiciones fiscales quedarán sujetas “a la supervisión por parte del Ministerio de Hacienda”. Además, en los cinco primeros días de cada mes, las comunidades autónomas deberán remitir a Hacienda las actualizaciones de los planes para garantizar su cumplimiento y someterse a la supervisión de dicho ministerio. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente, cuando se aprueben medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, las comunidades “estarán obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda”.

Estas normas serían aplicadas también a Canarias en el supuesto de que el Gobierno autonómico decida acogerse al mentado Fondo de Liquidez. Digo supuesto porque la reacción inicial del Ejecutivo fue un no rotundo a esa posibilidad; un par de días después las cosas se veían de otra manera y ya no se negaba la eventualidad de tener que acudir a esa especie de rescate. No sería ningún desdoro, al contrario, podría facilitar liquidez a las arcas autonómicas en momentos en que éstas tienen pendiente el pago de deudas y facturas comprometidas por valor de más de 700 u 800 millones de euros. Tampoco creo que sea para asustar el hecho de que la Hacienda estatal supervise las cuentas canarias, tal y como éstas se encuentran en estos momentos. Incluso puede que una coyuntura de este tipo propicie una mejora en las relaciones entre la comunidad autónoma y el Gobierno central, que buena falta hace.

Además de intentar mejorar las actuales malas relaciones bilaterales, el Ejecutivo autonómico debe darse una cura de realismo y seguir con las reformas que tan tímidamente ha iniciado. Me refiero a las aún pendientes de las estructuras político-administrativa de las Islas, más la reducción de consejerías, organismos, empresas públicas, etc. Todos estos objetivos deben ser irrenunciables y completarse con un reajuste de competencias en los distintos niveles de la Administración pública. Es la misma tarea, aunque a nivel autonómico, que le queda pendiente al Gobierno del Estado dentro de los compromisos ineludibles adquiridos con sus socios europeos, sobre todo la reducción del déficit público, a cambio de las ayudas -no desplantes, como sucede de vez en cuando, todo hay que decirlo- que viene recibiendo. Sólo así lograremos que el Estado y las comunidades autónomas sean viables y eficientes. Y para esto es obligado y urgente incentivar también la actividad económica y sacar adelante políticas ya anunciadas pero no aprobadas, como la ley de emprendimiento, los planes de empleo para jóvenes y las políticas fiscales y contra el fraude.

En cuanto al euro, o el BCE se convierte en un verdadero banco central y la eurozona nivela sus políticas fiscales y bancarias o la Unión Europea y el euro mismo morirán más pronto que tarde. Para salir del atolladero hace falta coraje, determinación, sentido de Europa -con todo lo que esto significa- y que los principales socios abandonen nacionalismos y egoísmos trasnochados porque solo desde la unidad y la solidaridad se podrán afrontar con garantía las soluciones a los graves retos del presente, entre ellos una Unión Europea incompleta o mal construida. Porque a los fines y valores que declara comunes no corresponde una capacidad de actuación con la diligencia, la seguridad y la previsión que serían necesarias en cada caso.