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Anuncio de Gallardón sobre aborto y discapacidad reabre debate sociopolítico

EFE | Madrid

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado hoy que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar, lo que ha suscitado el rechazo de PSOE e IU, que lo consideran “ultraconservador” y “fundamentalista”, y disparidad de opiniones entre organizaciones sociales.

La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.

“La experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben de ser revisados”, ha opinado el ministro en el diario La Razón, y ha calificado de “éticamente inconcebible” haber estado conviviendo con la actual legislación sobre el aborto.

Según el ministro, la legislación volverá a un sistema de supuestos que “no será exactamente” el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos.

Según los socialistas, se trata de la “amenaza de una penalización total” que retrotrae “a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica”.

“Señor ministro: ¿quiere volver a la hipócrita España de los 70?”, le ha preguntado la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano, en su blog, en alusión a las mujeres que viajaban a Londres para abortar y a las que tenían que hacerlo en España “en condiciones inseguras o directamente peligrosas” por falta de recursos.

A su vez, la secretaria socialista de Igualdad, Purificación Causapié, cree que el Gobierno “busca el aplauso ultraconservador atacando a las mujeres y actuando contra lo que piensa la mayoría de los ciudadanos”, lo que sería un “ataque más” contra las mujeres españolas, que quedarían a la cola de Europa en derechos y libertades, según un comunicado del PSOE.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha considerado que las declaraciones de Ruiz-Gallardón son una muestra de “populismo penal” con la que se convierte en “el ariete del fundamentalismo religioso”.

En su cuenta en la red social Twitter, Llamazares opina que el anuncio trata de ocultar el “asalto” al estado social y presupone la eliminación del consejo genético en las prestaciones sanitarias.

“Primero fue el aborto en las menores, luego dijeron que sólo por indicación médica, y ahora ni la malformación del feto. ¡Todas a la cárcel!”, escribe.

En la misma línea, el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, alerta de que en el Gobierno “crecen los Torquemada”.

Por el contrario, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) asegura que, desde hace años, el aborto “eugenésico” por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con esta característica es menos valiosa que la del resto.

En opinión del CERMI, en cuestiones de interrupción del embarazo, la discapacidad “no ha de ser un elemento relevante”, y recuerda que la ONU recomendó a España en 2011 que derogase cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en relación con la regulación del aborto.

Derecho a Vivir (DAV) considera un “progreso histórico” en la protección de la dignidad humana que la malformación del feto vaya a dejar de ser un supuesto para abortar

En un comunicado, la portavoz de esta organización, la doctora Gádor Joya, pide también la supresión del “coladero” que, a su juicio, supone que el riesgo para la salud mental de la madre se considere supuesto de aborto, además de animar al Gobierno a presentar ya la reforma de la ley vigente, “antes de agosto”.

Además, el grupo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por más de 500 especialistas, apoya de manera “unánime” la abolición del aborto “eugenésico”.

Sin embargo, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree que la intención del ministro de Justicia “es una gran tragedia en relación al derecho a la mujer a decidir” y crea “inseguridad” jurídica y sanitaria.

“Encender el debate social (sobre el aborto) que ya estaba resuelto y en el que hay poco margen de acuerdo, es muy peligroso y confunde a la gente”, ha opinado Soleto en declaraciones a Efe.