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Los recortes presupuestarios y la recesión general que experimenta el país afectan con especial dureza a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, entre ellos las personas con distintos grados de dependencia. La encomiable Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006, ya nació sin la necesaria dotación presupuestaria, y a día de hoy, aunque con mejoras puntuales según autonomías, persiste el mismo problema de falta de dinero, agudizado por culpa de la crisis económica. La política social, básica en el Estado del Bienestar, falla desde el momento en que ni el Gobierno central, ni las comunidades autónomas, ni las corporaciones locales son capaces de garantizar a todo ciudadano, con independencia de la clase social a la que pertenezca, pero en especial a los más vulnerables, la igualdad de oportunidades en el acceso efectivo a las posibilidades mínimas de atención que le aseguren un nivel de calidad suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena realización personal. Es cierto que la mentada ley ha mejorado las condiciones de vida de muchos dependientes; pero su implantación es lenta y farragosos los trámites para acogerse a ella; los presupuestos tampoco se cumplen y los convenios, ayudas y subvenciones, se hagan o no a su amparo, no siempre surten los efectos deseados, pese a la buena voluntad de los poderes públicos. El caso de la cooperativa Mararía, que venía prestando servicio en sus respectivos domicilios a más de 1.200 beneficiarios, pero sobre todo a tres centenares largos de ancianos con diversos grados de dependencia, y que ha dejado de hacerlo por graves problemas económicos, es un ejemplo de mala praxis de la que son responsables diversas instancias, desde la corporación municipal capitalina, que en ocasiones pagó tarde y mal las prestaciones acordadas y tampoco vigiló con atención la evolución de la cooperativa, a la propia empresa, con una decena de años de buena gestión a sus espaldas pero hoy, seguramente por imprevisión o mala administración, sin recursos para atender sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social, con sus más de 200 trabajadores y con algunos proveedores. En todo caso, lo importante es que las personas mayores y/o discapacitadas, sobre todo las que viven solas, no se queden sin asistencia. Para ello el Ayuntamiento de Santa Cruz debería actuar con la máxima diligencia a fin de garantizar la prestación del servicio, mejor solución a mi juicio que el anunciado pago de subvenciones a los afectados por las minusvalías.