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Ayuntamientos de Bildu suman en seis meses unas 180 denuncias por apoyar a presos de ETA o esconder la bandera española

EUROPA PRESS | Vitoria

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha denunciado desde diciembre de 2011 a 135 pueblos de Euskadi, gobernados en su mayoría por Bildu o formaciones de la llamada izquierda abertzale, por apoyar a los presos de ETA o dar ayudas a sus familiares, por no exhibir en sus fachadas la bandera nacional o por no remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma los acuerdos adoptados, como les exige la ley.

En total, el Gobierno ha iniciado desde que llegó un total de 195 contenciosos contra pueblos e instituciones de Euskadi, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press. En su inmensa mayoría son localidades de pequeño tamaño, pero también figuran en la lista el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa. Todos los casos son denunciados al Tribunal Superior de Justicia del País Vaso, que hasta el momento ha dictado tres sentencias, favorables al Estado.

En el caso de la capital guipuzcoana, las denuncias se deben a la colocación en abril de la bandera republicana en vez de la española y la ayuda al documental sobre presos de ETA que iba a realizar una productora, que renunció al dinero tras la advertencia pública que hizo la Delegación del Gobierno.

Además, el consistorio donostiarra cuenta con una denuncia por alterar el calendario laboral para que sus funcionarios puedan trabajar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el 25 de octubre, Día del País Vasco, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. La Diputación de Guipúzcoa se enfrenta a una denuncia por este mismo asunto y a otra por crear una Comisión Dinamizadora de Migración y Diversidad, un ente cuya composición y funciones desconocidas ha provocado también la crítica del PSE.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la institución que dirige no permitirá “que se desafíe a la Administración General del Estado, sobre todo cuando se presume de ello, como hacen los nacionalistas, especialmente los de Bildu”.

“La ley está de nuestro lado. El País Vasco está dentro de España, no es una isla. No vamos a permitir que hagan de su capa un sayo, que nadie trate de torear a la administración”, ha añadido.

Sin actas ni acuerdos

De los 195 contenciosos iniciados por la Delegación del Gobierno, casi 80 van dirigidos contra la obligación de los ayuntamientos de entregar a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma copia de las actas y de los acuerdos alcanzados. Así lo exige la Ley de Bases de Régimen Local, pero es un deber incumplido por el 77 por ciento de los municipios guipuzcoanos y el 68 por ciento de los vizcaínos.

Urquijo ha reconocido las “dificultades” que ello supone para hacer un “seguimiento” de las decisiones municipales. “Para hacer un control de la legalidad debemos guiarnos por las actas que presenten los ayuntamientos, lo cual es difícil en el País Vasco”, añade.

El segundo asunto que concentra mayor número de denuncias es el incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera nacional y otras banderas y enseñas, con 62 contenciosos iniciados. El tercer grupo lo constituyen el apoyo a los presos de ETA y a sus familias, mediante ayudas directas al transporte o la colocación en el ayuntamiento de carteles a favor del “regreso de los presos al País Vasco”.

La inmensa mayoría de estos consistorios están gobernados por Bildu o plataformas electorales de la izquierda abertzale. Pero también se encuentra algún municipio del PNV, como Hondarribia, denunciado por no cumplir la ley de banderas y por no enviar copia de sus actas y acuerdos.

La Delegación del Gobierno ha emprendido medidas legales también contra otros casos menos repetidos. Por ejemplo, por sacar a concurso plazas de funcionarios cuando hay una limitación estatal, con el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas; es el caso del ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.

Contra el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava

Entre las instituciones contra las que ha iniciado un contencioso el Gobierno figura el Ejecutivo vasco, por convocar en mayo de 2011 ayudas al sector pesquero y acuícola de Euskadi. La documentación fue enviada al Tribunal Superior vasco el 3 de enero de este año.

También se encuentra la Diputación de Álava, gobernada por el PP, a la que se le ha requerido que derogue varios artículos de una norma foral sobre la elaboración de presupuestos por parte de las entidades locales.