Aquí, políticos, banqueros y grandes empresarios suelen salirse de rositas tras cometer cualquier felonía. Si excepcionalmente resultan condenados, se hace prescribir sus delitos, como en el caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, o se benefician de un indulto del Gobierno, como le sucedió a Alfredo Sáenz Abad. En otros países, en cambio, puede acabar en la cárcel hasta el tato, por aquello de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Ahora está siendo investigado por presunta financiación ilegal de su partido el expresidente francés, Nicolas Sarkozy. Justo lo contrario de lo que ocurre aquí, donde todos los partidos se han financiado irregularmente sin que ello les haya supuesto coste penal alguno. El antecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, ha tenido a su vez que sentarse en el banquillo por otro asunto igual de turbio. Y no digamos nada de aquella administración corrupta de François Mitterrand, que le costó la cárcel, entre otros, a su ministro de Exteriores Roland Dumas. No sé cuánto tiempo pasará antes de que en España veamos a un político, no ya en prisión, sino ante los tribunales. Otro tanto cabría decir de aquellos empresarios que han practicado impunemente sobornos, fraudes y otros delitos de mayor o menor cuantía. Mientras este tipo de personajes suele acabar entre rejas en los países anglosajones, aquí se jubila con el riñón forrado y dando conferencias sobre la ética en el mundo de los negocios. Aunque sólo fuera por eso, bienvenida sea la imputación de los directivos de Bankia. Claro que si se abre la veda a todos los financieros, políticos y demás, no habría en España suficientes tribunales donde juzgarlos.