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Condenan a 14 años de cárcel al señor de la guerra congoleño Lubanga Dyilo por reclutar niños soldados

EUROPA PRESS | La Haya

La sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado a 14 años de cárcel al antiguo señor de la guerra Thomas Lubanga Dyilo por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento de niños soldados en la región de Ituri, en el noreste de la República Democrática (RDC). Se trata de la primera sentencia en los diez años de historia del Tribunal de La Haya.

Por unanimidad, los tres jueces de la sala primera dictaminaron el pasado 14 de marzo que había pruebas suficientes para establecer que la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC) –ambos fundados y comandados por Lubanga–, habían reclutado a niños y niñas soldados “menores de quince años” para obligarlos a “participar activamente en las hostilidades” entre el 1 de septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003.

La sala, compuesta por los jueces Adrian Fulford (presidente), Elizabeth Odio Benito y René Blattmann, ha ordenado que el tiempo transcurrido entre la entrega de Lubanga al TPI –el 16 de marzo de 2006– y el anuncio de la condena –este martes, 10 de julio de 2012–, le sea descontado de los catorce años de prisión, según ha informado el Tribunal de La Haya en un comunicado.

Durante la lectura de las conclusiones de la sala, Adrian Fulford explicó este martes que los jueces habían evaluado la gravedad de los crímenes y las circunstancias en que se produjeron y habían tenido en cuenta, entre otras consideraciones, “la amplitud del daño causado y, en particular, el perjuicio hecho a las víctimas y a otros miembros de sus familias”.

A juicio de los jueces, los crímenes por los que ha sido condenado Lubanga “afectan a la comunidad internacional en su conjunto”. “Debido a su vulnerabilidad, los niños tienen necesidad de una protección particular que no se aplica a la población en general, tal como reconocen diversos tratados internacionales”, declaró el juez presidente de la sala.

El juez Fulford, no obstante, indicó que la sala había tenido en cuenta algunos aspectos atenuantes, en concreto “el comportamiento de Lubanga y, en particular, su cooperación con el Tribunal y su actitud respetuosa durante todo el proceso”.

Respecto a estos atenuantes, la juez Odio Benito ha presentado una opinión particular discrepante en la que lamenta que los otros dos magistrados no hayan tenido en cuenta “los perjuicios causados a las víctimas y a los miembros de sus familias y, en particular, los debidos a los duros castigos y a las agresiones sexuales que sufrieron las víctimas de estos crímenes”, agregó el comunicado del TPI.

El caso de Lubanga, nacido en 1960, había sido denunciado y remitido al TPI en abril de 2004 por el propio Gobierno de la RDC. El antiguo señor de la guerra fue capturado en marzo de 2005 y trasladado en 2006 a La Haya, tras un periodo de encarcelamiento en Kinshasa, en cumplimiento de una orden de arresto de la Sala de Instrucción Primera del TPI.

En agosto de 2006 fue acusado de crímenes de guerra. El proceso comenzó en enero de 2009 y concluyó en agosto de 2011 con la exposición de las conclusiones orales de las dos partes. Lubanga se había declarado inocente y había asegurado que era un político y no un señor de la guerra.

Thomas Lubanga ha sido la primera persona acusada en relación con los conflictos en la República Democrática del Congo y el primer detenido en cumplimiento de una orden del TPI. Su caso también ha sido el primero en llegar a juicio en el Tribunal de La Haya.

El conflicto de Ituri

Según los fiscales del TPI, Lubanga, en su doble condición de líder de la UPC (fundada por él en 2002) y comandante en jefe de su ala militar, “está acusado de reclutar a menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003″. Los fiscales le acusaban también de reclutar a niños de hasta nueve años de edad para ejercer como escoltas o como esclavos sexuales.

Los hechos juzgados se remiten al conflicto que sufrió la región de Ituri entre 2002 y 2003, que enfrentó a las milicias del FPLC, próximos a la comunidad étnica Hema, con el Ejército Popular Congoleño (APC, brazo armado del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia-Movimiento de Liberación, RCD-ML), y con las milicias de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, comandadas por miembros de la comunidad Lendu.

El conflicto, que adquirió matices de lucha intertétnica, fue utilizado realmente desde finales de los años noventa por los distintos grupos rebeldes, las fuerzas del Gobierno y las potencias extranjeras –en especial Ruanda y Uganda– para hacerse con esta región rica en oro, petróleo, coltán y diamantes.

En este contexto, Lubanga, un comerciante de la etnia Hema, se convirtió en cabecilla (‘rais’, líder supremo) de los suyos. Tras un breve periodo de participación en el Gobierno de concentración de Kinshasa, Thomas Lubanga se alzó de nuevo en armas en agosto 2002 contra la comunidad Lendu y contra los extranjeros al frente de la recién creada UPC, que en esta primera fase contaba con claro apoyo militar de Uganda.

Fue por entonces cuando empezó el reclutamiento masivo de niños en las filas de la UPC, cuyos milicianos exigían la implicación de todos los miembros de la etnia Hema, sin importar sexo ni edad. Según los jueces, Lubanga Dylo y sus correligionarios elaboraron “un plan conjunto” para “formar un ejército con el propósito de establecer y mantener el control político y militar de Ituri”, para lo cual “reclutaron a niños y niñas menores de quince años” con el objetivo de hacerles “participar activamente en las hostilidades”.

El juicio contra Lubanga duró 204 días, durante los cuales el TPI escuchó a 36 testigos de cargo y a tres expertos presentados por la Fiscalía, así como a 24 testigos de la defensa y a otros tres testigos propuestos por los representantes legales privados de las víctimas presentes durante el proceso.

También se han escuchado los testimonios de 129 víctimas, representadas por dos equipos de abogados. La acusación presentó 368 elementos de prueba, la defensa presentó 992 y los representantes legales de las víctimas aportaron trece.