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No sé si existen remedios prontos y efectivos para restaurar la esperanza en las instituciones y en la clase política, que buena falta hace en esta etapa de crisis en la que se cumple el diagnóstico de Dickens de que la confianza en el pueblo gobernante es infinitesimal e infinita en el pueblo gobernado. Pero no tengo ninguna duda de que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto acaba de aprobar el Consejo de Ministros, será una pieza básica para la consecución de tal objetivo. Se trata de que los ciudadanos, bajo principios de publicidad y transparencia, sepamos por qué los poderes públicos -administraciones, órganos legislativos y judiciales (en lo que atañe a sus actividades sujetas a derecho administrativo) y órganos constitucionales, estatutarios y de otros niveles- adoptan determinadas decisiones, cómo manejan los dineros de todos y bajo qué criterios reparten o por qué eligen un destino y no otro. La sociedad tendrá elementos suficientes para fiscalizar la actividad oficial, ejercer la crítica y mostrarse exigente o benévola con los mandatarios, mejorando la calidad de la democracia y participando en los asuntos de interés general. Un Portal de Transparencia pondrá a disposición del público toda la información disponible -institucional, organizativa y de planificación- sobre la utilización y gestión de los recursos públicos y fijará el marco del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones por medios electrónicos, para facilitar así la participación y el libre acceso a la información. La futura ley somete a todos los servidores públicos a un severo régimen disciplinario y les exige la máxima ejemplaridad en sus actuaciones, que habrán de basarse en “principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad”. Las sanciones, de hasta cinco años de cárcel, alcanzarán a quienes “comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria”. Ya nadie podrá hacer lo que le venga a base de ingenierías contables porque corre el peligro de ser destituido y denunciado, e incluso se le podrá reclamar indemnización por el daño causado o inhabilitar. Tampoco podrán los alcaldes y concejales ponerse los sueldos que les venga en gana porque éstos deberán atenerse a baremos basados en la población, el entorno económico, competencias… El servicio público es vocacional y voluntario; nadie es obligado a prestarlo y nadie debe servirse de él para su enriquecimiento o para favorecer a los amigos, como a veces sucede. En esto la ley seguro que podrá acabar con algunos abusos, para que todos confiemos más en las instituciones…, y en los políticos.