La reforma del Régimen Económico y Fiscal canario avanza en medio de un desinterés social absoluto, que poco tiene que ver con el extraordinario debate que se produjo en la reforma de hace dos décadas. Era otro tiempo, un tiempo en el que los agentes sociales no se habían retirado del debate político para ser sustituidos por consignas y engranajes partidarios.
En este tiempo de ahora, empresarios, sindicatos, universidades y entidades participan como convidados de piedra a la invitación del Gobierno, que es quien ha elaborado el primer borrador presentado.
Y, sin embargo, la reforma del REF puede ser determinante para el futuro de las islas en los próximos años: agotado el mecanismo de la Reserva de Inversiones, que alivió a miles de empresarios del pago de impuestos por sus beneficios, para convertirse en muchos casos en una trampa mortal después, cuando llegaron las vacas flacas y se disparó la voracidad fiscal de los gobiernos, el documento de nuevo REF que se baraja parece perderse en fórmulas alambicadas y en reclamaciones demagógicas. Probablemente, lo que habría que hacer sería poner primero de acuerdo a las instituciones, los empresarios y los partidos políticos canarios, y hablar con una sola voz. Y pedir después algo que sea sencillo de entender, fácil de aplicar y que tenga un específico valor para todos los ciudadanos de las islas. Algo que distinga nuestra fiscalidad de la peninsular y mantenga los diferenciales que todavía existen hoy, para compensar la lejanía, la insularidad y los desajustes del desarrollo en las islas. Podría ser un modelo parecido al que se aplica en Ceuta y Melilla, con una reducción -allí es del 50 por ciento- de lo que cualquier ciudadano paga por el IRPF, alentando así el consumo; o -mejor aún- una reducción general en la cuota de la Seguridad Social para todas las empresas canarias. Eso favorecería directamente la contratación y el empleo.
Pero aquí se ha optado por la carta a los reyes magos y el conflicto: el documento presentado esta semana a los agentes económicos y sociales plantea una bonificación en la contratación en función de que el contratado sea o no canario. Una engañifa populista e identitaria que esconde que las leyes consideran canario a cualquier ciudadano español que resida en las islas. Y además es una medida inaceptable para Europa, que al final es la que consiente las ayudas de Estado y paga las ayudas europeas. ¿Cómo se puede pedir un trato económico especial a Europa y al mismo tiempo plantear que se castigue la contratación de trabajadores de procedencia europea? Pedir algo que no pueden darte es jugar al victimismo.