El puerto de Santa Cruz es uno de los principales motores de desarrollo de la capital y de la Isla. Por él entran al año más de nueve millones de toneladas de mercancías que necesitamos para el consumo o para abastecer a industrias y particulares y por él salen cuatro millones largos de toneladas de producciones, agrarias sobre todo. El puerto es, además, núcleo de abastecimiento para buques que aquí hacen escala y centro neurálgico de las comunicaciones interinsulares. Desde hace años, el puerto capitalino, en el que operan más de 8.000 barcos y fondean casi 2.000 más cada año, busca su mayor proyección en el competitivo mundo de los cruceros, y trata de captar tráficos cautivos de toda índole, empezando por los contenedores, para seguir desarrollándose y poder ofrecer a la Isla una plataforma de empleo y riqueza. Un Plan Especial, aprobado por el Ayuntamiento en 1995, y otro específico del muelle de enlace, que data de 2006, son las herramientas jurídicas que dan forma a las actuaciones previstas en el recinto portuario: distribución de infraestructuras y servicios, equipamientos, reservas de suelo, etc. Pensando en su mejor progreso, la Autoridad Portuaria preparó una revisión del Plan Especial, que incluye el acercamiento de la ciudad al mar y la creación de una zona franca empresarial en la dársena pesquera, y lo remitió luego a la Gerencia de Urbanismo, con la correspondiente memoria de impacto ambiental, en diciembre de 2007. Desde entonces, la corporación municipal no ha movido un papel, no se ha preocupado de facilitar al puerto sus deseos de mejora y ampliación. Tan es así, que, a petición de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), la Consejería de Obras Públicas ha decidido archivar las actuaciones contenidas en el expediente relativo a dicho Plan Especial. En 2009 la Cotmac había solicitado a la Gerencia de Urbanismo que revisara varias deficiencias del documento de revisión del plan, pero el Ayuntamiento no dijo ni pío, y tampoco en 2011, cuando fue advertido de la caducidad del expediente. Tanta desidia, incompetencia y hasta negligencia se paga ahora con una especie de vuelta a empezar, tras años perdidos de manera absurda. Y encima el concejal de Urbanismo, a quien, según la ley, compete la tramitación de estas cosas, va y dice que la Autoridad Portuaria tenía que haber impulsado el expediente. Una disculpa ridícula como la del presidente norteamericano Nixon, quien, cogido reiteradamente en renuncios a raíz del caso Watergate, se defendió con el argumento peregrino de que “no mentí, dije cosas que luego resultó que no eran ciertas”.